Mañana, 26 de octubre, el Gobierno llevará a Consejo de Ministros una ley que es sinónimo de mayores desahucios, mayores subidas de alquileres y mayor desprotección al derecho a la vivienda. Ante esto hoy hemos explicado en una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados por qué rechazamos la propuesta de Gobierno y cuáles son los puntos clave que debe incorporar una ley que garantice realmente el derecho a la vivienda. He aquí nuestro comunicado:
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Acuerdo de Gobierno sobre Ley de Vivienda: Nueva decepción

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda (www.iniciativaLeyvivienda.com) -, plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y evaluado el contenido de la Ley-, sólo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición por solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en España.

Lejos de elaborar una ley que respetando las competencias autonómicas establezca una protección común de Derecho a la Vivienda para el conjunto del estado, las altamente insuficientes medidas que se recogen quedan mayoritariamente en manos de la voluntad política de las CCAA, renunciando a establecer garantía alguna frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función de lugar de residencia.

La Ley elaborada por el Gobierno no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos, ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes de el Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia.

Tampoco se incluye ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada. La influencia de la banca y de los fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque público de Vivienda Protegida, al renunciar a movilizar a las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y ni siquiera aquéllas bajo control de la empresa de capital público SAREB, de la que se ha sabido recientemente que se prevé que deje al Estado una deuda de 8.000 Millones de euros. En definitiva, no se prevé ni se detiene la emergencia habitacional actual siendo todo el mundo conscientes de la enorme carencia de disponibilidad de viviendas en las Administraciones Púbicas.

Pero, además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios de fondo buitre de no renovar contratos de alquiler y de la banca de seguir expoliando vivienda de los impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio, como ya regula la ley 24/2015 en Cataluña. Es inconcebible: un gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los esfuerzos sean compartidos –no sólo de la ciudadanía o del estado– y no se convierta el sistema en un aliado a la especulación.

Nos parece vergonzoso e inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar una Ley por el Derecho a la Vivienda que no garantice la protección de un techo para las personas sin hogar. La propuesta de Ley de Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni diferente a las que ya se aplican con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo por las más de 32.000 personas que ahora se encuentran en esta situación.

Incluso la medida estrella de Gobierno por esta Ley nace estrellada. La regulación de alquileres que se propone es totalmente infeficiente: deja fuera a la mayoría de inquilinos a dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiera al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen debido a la inexistencia de datos a nivel municipal. La Ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas de alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante. Encima, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, contra el criterio de la autoridad fiscal (AIReF ), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas.

Es más, Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber descendido el precio por tener más beneficios fiscales lo ha hecho de verdad. Por otra parte, si queremos aprender algo de las crisis sufridas y mirar esperanzados en el futuro, incorporar mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad. La participación ciudadana en la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado ausente a lo largo del proceso de elaboración de la Ley ignorando absolutamente las reivindicaciones y propuestas de los colectivos de afectados, sigue ausente también en la Ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción urbanística y el ladrillo que tanto agrada a algunos dirigentes.

Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es "poco ambiciosa y no les gusta" pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de garantía del Derecho a la vivienda digna y adecuada que van registrar en el Congreso sólo 5 días antes junto con otros 8 partidos políticos, para firmar a toda prisa un acuerdo que ni garantiza el derecho a la vivienda ni se vislumbra como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país .

Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso el Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda, y pidamos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su paso en Pleno de Congreso, como colindante al Gobierno y subsanando el texto que propone tramitar.

No nos detendremos hasta conquistar el derecho a la vivienda.