«Esta tarde el Parlamento de Cataluña, en una sesión histórica ha aprobado por unanimidad la iniciativa legislativa popular contra los desahucios y la pobreza energética, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Esta ILP se ha tramitado en un tiempo récord y ha conseguido sumar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP que se ha abstenido en algunos de los puntos. Se trata de una gran victoria colectiva después de años de lucha que permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y los cortes de suministro indiscriminados, al tiempo movilizar vivienda vacía para alquiler social » .

Así es como hace 5 años anunciamos en la web del Grupo Promotor de la ILP vivienda- Ley 24/2015 esta gran victoria. Siempre recordaremos la celebración que hicimos ante el Parlamento ese día y todo lo que ha pasado desde entonces. Desde el Grupo Promotor queremos dedicar este aniversario a hacer memoria porque hay que celebrar para continuar caminando hacia el derecho a la vivienda digna.

En las siguientes líneas queremos compartir con todas vosotras una de las decenas de historias que forman la memoria colectiva de la Ley 24/2015. Seguro que muchas tenéis vuestra historia personal que recuerda perfectamente: aquel «escrache» a que amenazaban en votar «no», un día de recogida de firma que llovió, el contrato de alquiler social que finalmente voy firmar, o tal vez una asamblea que voy pisar con una orden de desahucio en la mano y le dijeron que había una ley que le protege ante el banco …

Muchas pequeñas grandes historias que han hecho posible lo imposible, cambiar las reglas del juego y convertir la defensa del derecho a la vivienda en una de las puntas de lanza de las luchas sociales en esta década.

En 2015 conseguimos un hito histórico: la primera Ley de la PAH aprobada por unanimidad en Cataluña y con fuerte apoyo del mundo municipal y sociedad civil. Se impulsa a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió casi 150.000 firmas (el mínimo eran 50.000) y su Grupo Promotor está formado por las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC. Sus medidas principales protegían la vivienda habitual de las familias en exclusión residencial:

• Medidas contra el sobreendeudamiento: mediación y extinción judicial de la deuda.
• Medidas contra los desahucios:

1. Grandes tenedores (bancos y personas jurídicas propietarias de más de 15 viviendas): Alquiler social obligatorio (ASO) al precio que marca la ley tanto para casos de impago de hipotecas como de impago de alquiler.
2. Pequeños tenedores: ayudas y realojamiento obligatorio por parte de las administraciones públicas vía Mesa de emergencias
3. Cesión obligatoria de vivienda vacía de la banca: no es una expropiación, nueva herramienta jurídica para captar pisos vacíos de la banca de forma más ágil y poder realojar en desahucios instados por pequeños tenedores.

• Prohibición de los cortes de suministros

En 2016, el Partido Popular interpone un recurso a petición expresa de la banca que desencadena protestas de la PAH en todo el Estado, dado que suspende artículos contra el sobreendeudamiento, los alquileres sociales y la cesión obligatoria. Todos los grupos del Congreso menos el PP se comprometen a retirar el recurso si cambia el Gobierno. Este tema tiene mucho impacto en Cataluña y se convocan dos cumbres para tratarlo. Durante este periodo la banca vuelve a poner difícil firmar alquileres sociales a familias vulnerables y Cataluña continúa liderando el ranking de desahucios, en 2017 con 13.626, y en 2018 con 13.941.

En 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy y con el nuevo Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, se llevan a cabo reuniones del Grupo Promotor (GP) con la Generalitat y el Ministerio y exige compromiso de recuperación de los artículos impugnados. Fue un momento importantísimo. El GP de la Ley hemos sido interlocutor directo de los 2 gobiernos. Gracias a la presión y el trabajo ingente se recuperan los artículos relacionados con la oferta obligatoria de alquiler social en los casos de impago de hipoteca y de alquiler, y con la cesión obligatoria (A condición de definir normativamente el precio de esta cesión). No se consigue recuperar las medidas contra el sobreendeudamiento. ¡El desistimiento parecía imposible, pero se consigue!

El año siguiente hay una disminución clara de los desahucios en Cataluña, pasamos a 12.446 en 2019, una cifra todavía muy elevada y que demuestra que se necesitan medidas más ambiciosas para hacer frente a la inseguridad residencial que se ha anclado en Cataluña y no dar la espalda al fenómeno del empleo y los incrementos desorbitados del precio de alquiler.

En marzo de 2019 la Generalitat lleva un decreto de vivienda en el Parlamento, ampliamente rechazado por los movimientos sociales y Ayuntamientos, que no sale adelante. Gracias a esta presión se construye un nuevo texto acordado en que el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 aporta toda la experiencia de la realidad de la emergencia habitacional en Cataluña y aprueba el Decreto de vivienda DL 17/2019 ¡que supone una ampliación de la Ley 24/2015.

• Renovación obligatoria de miles de contratos de alquiler social que finalizan (LAU en 2015 era 3 + 1 años). Pasando por tanto a 7+ 3 años!
• Ampliación de la definición de gran tenedor (GT) que pasa a incluir a personas físicas con más de 15 viviendas en propiedad (ahora tenemos una nueva definición estatal que equivale a más de 10 viviendas). Haciendo que haya mayores tenedores obligados por la ley y por lo tanto, más familias protegidas!
• Alquileres sociales obligatorios en extinción de contratos de alquiler (medida excepcional operativa durante 3 años) y en algunas ocupaciones (en viviendas vacías de bancos ocupados antes del 30 de junio de 2019 y con informe social favorable) . Es la primera vez que la ocupación de una vivienda por riesgo de exclusión residencial también tiene opción a un alquiler social!
• Se concreta normativamente el precio de la cesión obligatoria de viviendas en la administración pública (requisito del desistimiento de 2018) al 40% del precio establecido para la Vivienda Protegida (VPO). Una medida más para poder tener más parque social que tanto necesitamos sin transferir de nuevo dinero público a los bancos!

En un momento como el actual, de pandemia y nuevas desigualdades, la vivienda y el acceso a suministros básicos se vuelve a la vez más urgente que nunca. No podemos dejar de lado que hay que priorizar y cambiar el modelo actual. Si realmente queremos luchar contra el coronavirus debemos poder garantizar una vivienda digna a toda persona y esto ocurre porque todas podamos acceder. Hoy este acceso no está garantizado y los desahucios continúan, sin importar donde vivirán las familias desahuciadas al tiempo recomiendan confinamiento donde?

Queremos compartir con todos vosotros que estamos muy orgullosas de todo lo que hemos conseguido. Sabemos que la historia no termina aquí sino que es un punto y seguido, porque la Ley 24/2015 es el símbolo de toda la PAH a nivel estatal y una referencia internacional que demuestra que es posible lograr leyes justas.

También hay que recordar que ha sido siempre necesario presionar a las instituciones como la Generalitat porque nunca la ha aplicado al 100% de su potencia (ejemplo 1, ejemplo 2 ).

Pero tenemos las mismas ganas de seguir escribiendo esta historia colectiva del derecho a la vivienda y no cejaremos, ahora en plena pandemia más que nunca.

¡Viva la Ley 24/2015! Viva la lucha y la defensa de los derechos!