La propuesta, que ha sido redactada y registrada por la CUP, ha sido impulsada por Stop Ecocidio (quién impulsa el reconocimiento del ecocidio como crimen a escala internacional), la Red por la Justicia Climática (la cual incluye más de 30 entidades y movimientos, entre los cuales hay el Observatorio DESC, Ecologistas en Acción y Entrepueblos) y SETEM Cataluña. Además, 71 entidades se han adherido al manifiesto ‘Stop Ecocidios’ para apoyar a la iniciativa. Por otro lado, más de 300 entidades, ONGs y empresas se han adherido al manifiesto elaborado a escala estatal en el estado español. 

Esta mañana, los diferentes partidos se han posicionado al respeto, y no han presentado enmiendas a la misma. ERC, JuntsxCat, En Comú Podem, y PSC han dado su apoyo. A partir de hoy, la tramitación de la propuesta seguirá su curso. Después de un periodo de comparecencias, se votará definitivamente al pleno del Parlamento en los próximos meses, y ya se podrá presentar en el Congreso de los Diputados. Concretamente, se pide la modificación de la Ley 10/1995, para reconocer el crimen de ecocidio en el ordenamiento legal del Estado español, y apoyar así a la incorporación del crimen de Ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En caso de aprobarse la Proposición de Ley, el Estado español se habrá sumado en los países que ya han dado pasas hacia el reconocimiento del ecocidio en sus ordenamientos legales, como son Francia, Bélgica, Holanda, algunos Estados de México y Escocia. Así mismo, habrá seguido las recomendaciones del Parlamento Europeo, el cual aconsejó apoyar a la ley de ecocidio a través de la aprobación del Informe sobre derechos humanos y democracia. Este informe recomienda a los estados miembros de la UE que apoyen a la penalización del  ecocidio en la Corte Penal Internacional (CPI) y que examinen su relevancia para la legislación de la UE.

Porque la sociedad civil catalana apoya al reconocimiento del ecocidio como crimen

Actualmente, existe una triple crisis ambiental: climática, de biodiversidad y de contaminación. La globalización y la desregulación de los mercados han permitido la externalización de los costes sociales y ambientales de la actividad productiva por parte de las transnacionales durante las últimas décadas hasta el día de hoy. Es por eso, que somos testigos de grandes daños ambientales por los cuales nadie asume responsabilidades penales. El ECOCIDIO en sentido amplio es el mal masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un mal grave a la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo. Esto incluye daños relacionados con las actividades extractivas, la contaminación del suelo y el aire por la actividad productiva, las pruebas y desastres nucleares, los efectos de las armas químicas, los derrames de petróleo y la contaminación de los océanos por los plásticos, entre otros. 

En Cataluña y también en el Estado español varias empresas destrozan ecosistemas enteros a cambio de beneficios privados por sus propietarios con total impunidad. Hablamos, por ejemplo, de casos como la perpetua escombrera salina de Sallent o el polémico y fraudulento vertedero de Vacamorta. También hablamos del puñado de empresas que secan el parque de Doñana, las que destrozaron el Mar Menor o las que causaron el Prestige o todos los impactos económicos, sociales y ambientales de la Plataforma Castor. Así mismo, hablamos de aquellas que se lucran de las emisiones contaminantes y aquellas que trocean el territorio a través de técnicas extractivistas como el fracking. Y hablamos también de propuestas de proyectos locales potencialmente ecocidas, pero aún a tiempo de detenerse, como la ampliación del aeropuerto. Convertir el ecocidio en crimen crearía un delito que comportaría la detención y, por lo tanto, las personas responsables de actas o decisiones que provocan graves daños ambientales, podrían ser sometidas a un enjuiciamiento penal. Además, se trataría de la creación de un marco jurídico internacional preventivo de los peores daños a la naturaleza y protector de las bases de la vida.