Dijous passat, 5 de novembre, va entrar en vigor el Decret llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19, aprovat pel Govern de la Generalitat.
El cumplimiento completo de todos los derechos humanos requiere el uso de recursos, en diferentes grados, por parte del Estado. Los gobiernos tienen la obligación de tomar acciones inmediatas para cumplir todos los derechos humanos garantizados en los tratados de los que forman parte. Estos estándares poseen implicaciones importantes para el presupuesto del gobierno.
a proposición de los sindicatos de inquilinas para regular los precios del alquiler a nivel estatal está recibiendo un amplio apoyo social. Más de 9.000 organizaciones impulsan un manifiesto en el cual piden en el Gobierno que apruebe una regulación basándose en la ley vigente en Cataluña.
Desde el Observatorio DESC damos apoyo a este Manifesto.
