Este lunes el Ayuntamiento de Barcelona presentó nuevas medidas en materia de vivienda. En concreto, se expusieron los pasos que se seguirán para implementar la nueva ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsamos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC y que fue aprobada el pasado 23 de julio en el Parlamento de Catalunya.

La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, constató que, a pesar del diálogo con las entidades financieras, las cesiones y compraventas no están teniendo lugar. El gobierno se refirió de forma especial a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el llamado banco malo, que es el principal gran tenedor de pisos vacíos en la ciudad. Según datos del registro de pisos vacíos aportado por la Generalitat de Catalunya, del total de 2.591 pisos de Barcelona, ​​la SAREB dispone de 562.
Ada Colau comunicó el envío de cartas durante esta semana para realizar el requerimiento a la compañía para que ceda 400 de estas viviendas, en aplicación del artículo 7 de la ley 24/2015, relativo a la cesión obligatoria de pisos vacíos. Además, se considera el plazo de un mes para que la SAREB responda

La utilización de este recurso que prevé la nueva ley es una buena noticia en el trabajo para la recuperación del patrimonio en desuso, que está en gran parte en manos de entidades financieras. El incremento del parque público de viviendas resulta urgente y es necesario disponer de pisos que se puedan destinar a alquiler social y que permitan responder a las situaciones de necesidad de vivienda en un contexto de exclusión residencial severa.

En este sentido, es importante el hecho de que se cree un protocolo o instrucción dirigido a las personas técnicas y trabajadoras del Ayuntamiento para asegurar el conocimiento y la aplicación en todos los casos de los mecanismos de la ley. Del mismo modo, la unidad especializada facilitará la gestión de estos casos, así como de las ocupaciones. Nos complace que se hayan destinado más recursos y personal a estas funciones.
Celebramos, pues, que el Ayuntamiento de Barcelona haya impulsado la aplicación de la ley y esperamos que muchos otros municipios se sumen a la puesta en marcha de la ley 24/2015 sin demora. La tarea de los consistorios es imprescindible para la supervisión de las ofertas de alquiler social obligatorio. Asimismo, no pueden seguir habiendo cortes de suministros que podrían evitarse según la nueva ley, para los que procede también una sanción.

Por último, desde el Observatorio DESC consideramos positivo el trabajo conjunto con el grupo promotor y la sociedad civil tanto para conseguir que la ILP de Vivienda se aprobara en julio como para seguir trabajando para que ésta se cumpla y las administraciones públicas la hagan propia, terminando así con la situación extrema de emergencia habitacional.