Esta mañana el Ayuntamiento de Barcelona ha expuesto las primeras medidas en materia de vivienda que se han llevado a cabo durante los primeros cien días de gobierno. El objetivo de aumentar el parque público de alquiler social -en 8000 viviendas- responde a la situación de emergencia habitacional en la que vive una parte importante de los vecinos y vecinas de Barcelona. Por este motivo, es necesario conseguir de forma rápida y efectiva viviendas para relajar a las personas en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a la vivienda de esos colectivos con mayores dificultades.

En este sentido, las medidas que se han presentado como respuesta a corto plazo se enmarcan dentro de las nuevas ayudas al alquiler, incrementadas en un millón de euros, y con una nueva línea para las personas sin ingresos. Este tipo de ayudas resultaba necesario para no excluir a las familias con menos recursos. También se ha anunciado el uso del tanteo y retracto -mecanismo que ha permitido adquirir 17 viviendas, 7 este mes- y las negociaciones con las entidades financieras vía convenios -el resultado de las cuales, aunque se han mencionado, no se han concretado. Así mismo, se ha hecho pública la interposición de doce multas coercitivas a entidades financieras que tienen viviendas vacías, siguiendo el ejemplo de otras ciudades que ya habían utilizado este mecanismo presente en la Ley por el Derecho a la Vivienda de Catalunya de 2007. El uso de este instrumento para movilizar el patrimonio en desuso era un reclamo de las organizaciones que trabajamos en este ámbito: el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentamos mociones conjuntas a los plenos municipales instando a ponerla en marcha, siendo aprobada la propuesta en Barcelona en enero de 2014.

En este sentido, para cualquier política pública que busque incidir en el parque de viviendas, es extremadamente urgente cuantificar el número de viviendas vacías. Esta es otra de las demandas que se han propuesto desde la sociedad civil de forma reiterada, y que es el preámbulo necesario de toda actuación en materia de vivienda. Sin un censo o registro de viviendas vacías, resulta complicado dilucidar cuáles son las actuaciones más adecuadas. Sin embargo, las exiguas cifras de que disponemos apuntan a decenas de miles de pisos vacíos en la ciudad (INE 2011). Por este motivo, el Ayuntamiento debe continuar con el censo de vivienda vacía en la ciudad. El anterior gobierno anunció el censo de tres barrios, y que este se extendería rápidamente por el resto de distritos. No obstante, los resultados no han llegado a ver la luz, y es tarea del actual consistorio elaborar este diagnóstico.

La presentación de estas medidas de urgencia no ha ido acompañada de ningún comentario sobre la aplicación de la nueva ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que se aprobó el pasado mes de julio. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Observatorio DESC, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) que, una vez aprobada, es necesario poner en marcha. Como entidad miembro de la comisión promotora, instamos al gobierno municipal a ser proactivo en su aplicación y proponemos un encuentro para establecer posibles actuaciones en este sentido.

En relación a las medidas a largo plazo, como son la construcción de 4000 viviendas nuevas, celebramos que se favorezcan las formas alternativas de tenencia como el alquiler o la cesión de uso, en la que el suelo sigue siendo propiedad municipal. No se puede permitir más venta de suelo público. La colaboración con cooperativas, banca ética y otros proyectos comunitarios son una buena noticia para la economía social y solidaria y una nueva concepción del urbanismo y el derecho a la ciudad.

Por otro lado, entendemos que, además de la construcción pública, sería conveniente promover una regulación de los precios del mercado privado de alquiler o del suelo, como está sucediendo en ciudades europeas como París o Berlín. También echamos de menos una abordaje del fenómeno de la ocupación, en relación a la cual es urgente un plan de detección e intervención con el objetivo de facilitar la posibilidad de regularización y dignificación de estas situaciones.

Finalmente, el acceso a la información por parte de las entidades y movimientos que somos activos en el derecho a la vivienda es fundamental para poder participar e incidir. En este sentido, hubiéramos agradecido haber conocido el sentido de las medidas con anterioridad a la rueda de prensa, por ejemplo a través de las correspondientes comisiones creadas por el consistorio.