Desde el Observatorio DESC, entidad impulsora de la acusación popular contra el Sr. Luis Bárcenas, queremos denunciar los constantes obstáculos para esclarecer uno de los casos de corrupción más destacados de los últimos años en España.

El Observatorio interpuso la querella en junio de 2013 por delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de contabilidad de partido político. Desde entonces, como muestra el documental Termitas, los abogados a cargo del caso, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal, han sufrido numerosas dificultades, impuestas tanto desde fiscalía como por parte del PP y del propio sistema judicial, para investigar los hechos.

El desinterés por esclarecer el caso Bárcenas se confirmó el mes pasado, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió sustituir el juez instructor del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, el Sr. Pablo Ruz, tras 19 meses de investigación. La decisión fue tomada por un reducido número de vocales en el seno de la comisión permanente del CGPJ y no en una votación más amplia al pleno.

Así, el órgano de gobierno de los jueces decidió sacar la plaza de Ruz a concurso en lugar de prorrogar seis meses más la comisión de servicios que estaba llevando a cabo. Según este acuerdo, el juez Ruz deberá dejar la Audiencia en marzo, resultando casi imposible finalizar la instrucción del caso y dilatando así las actuaciones. El magistrado sólo podría permanecer como juez de apoyo en la Audiencia hasta junio, siempre y cuando, sin embargo, él mismo lo pida y el juez titular lo acepte.

Igual de cuestionable resulta el trato de favor hacia Luis Bárcenas escenificado por su salida de la cárcel en libertad bajo fianza sin haber agotado el período de 2 años de prisión provisonal, prorrogable a dos más. La fianza solicitada por la Audiencia es de 200.000 euros, cantidad que resulta irrisoria si se compara con el dinero evadido y la responsabilidad civil exigida, que asciende a más de 43 millones de euros. Tanto es así, que en menos de 48 horas la familia ha conseguido hacer el depósito.

Más allá del riesgo de fuga, como acusación particular nos preocupa especialmente la facilidad con que el acusado podría destruir nuevas pruebas como patrimonio oculto o cuentas bancarias que aún no han sido bloqueados. Si bien es cierto que se propone la retención del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer tres veces por semana en el juzgado, el DNI es suficiente para viajar a paraísos fiscales del espacio Schengen como Andorra y Luxemburgo.

La prisión preventiva es, sin lugar a dudas, una figura excepcional que debe ser utilizada como última ratio. Siempre que sea posible se debe priorizar la aplicación de medidas menos lesivas para la persona imputada. Sin embargo, resulta preocupante que este garantismo penal acostumbre a proteger exclusivamente los detenidos por grandes delitos económicos. Este es el caso no sólo del Sr. Bárcenas, sino también del ex presidente de Baleares Jaume Matas y del constructor José Luis Núñez. Estos últimos, a diferencia, por ejemplo, los jóvenes que aparecen en el documental de Ciutat Morta obtuvieron rápidamente el tercer grado penitenciario. Sin embargo, ni Bárcenas, ni Jaume Matas, ni José Luis Núñez no han querido colaborar nunca con la justicia, uno de los elementos para conseguir la libertad bajo fianza.

La existencia de una justicia para ricos y una justicia para pobres no se resuelve sólo con nuevas leyes anti-corrupción. Dotar al poder judicial de más herramientas y recursos para investigar la delincuencia económica debería ser un primer paso para acabar con la lacra de la corrupción. Al mismo tiempo, para fumigar las termitas que arrastran el actual sistema político y judicial heredado de una transición pactada, hay que actuar con firmeza desde los espacios políticos, sociales y judiciales. Actualmente, la plaga de la corrupción está tan extendida que sólo una desinfección profunda podría librarnos de la impunidad que parecería proteger delincuentes económicos confesos.