El derecho al cuidado se abre paso también dentro del sistema de Naciones Unidas. En la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se aprobó por unanimidad la resolución titulada "La centralidad del cuidado y el apoyo desde una perspectiva de Derechos Humanos". Se trata de un primer texto en el marco de la configuración del cuidado como derecho, que contribuye a un debate jurídico-social en marcha para reconocer este derecho y establecer obligaciones para los Estados a la hora de proveerlo .

La resolución reconoce que las tareas de cuidado, remuneradas o no, recaen mayoritariamente sobre las mujeres, agravando las desigualdades estructurales existentes y contribuyendo a la perpetuación de la feminización de la pobreza. Se subraya "la necesidad de adoptar medidas para reconocer y valorar adecuadamente el trabajo de cuidado, en todas sus formas, y para redistribuirlo de manera justa y equitativa, incluso adoptando medidas para identificar y medir el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado, y reducir determinadas formas de trabajo de cuidados, al tiempo que se protege el acceso a un cuidado y un soporte de calidad por parte de aquellos que los requieren y se garantiza el acceso a la atención y el apoyo basados ​​en los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, los niños, las personas mayores y otras personas que lo requieran."

Además, se establece que "es necesario un enfoque interseccional, para reconocer, valorar y redistribuir en igualdad y equidad el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, y para reducir el trabajo de cuidado no remunerado, actualmente todavía desproporcionado por mujeres y niñas , promoviendo el reparto equitativo de responsabilidades entre los miembros de la familia y entre las familias, las comunidades, el sector privado y los estados, priorizando, entre otras cosas, las infraestructuras sostenibles y accesibles, el transporte, las políticas de protección social, los servicios sociales asequibles y de calidad, incluidos los servicios y productos de atención y apoyo, atención a la infancia y normas laborales que garanticen un trabajo digno y la igualdad de género para todos los trabajadores, incluido el permiso de maternidad, paternidad o paternidad , igual salario por un trabajo de igual valor, condiciones de trabajo seguras y saludables y libre de violencia y acoso en el mundo laboral, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, la libertad de asociación y el derecho de organización y negociación colectiva".

Por último, se destaca "la necesidad de invertir en la economía del cuidado y de crear sistemas de atención y apoyo sólidos, resilientes, basados ​​en los derechos humanos y sensibles al género, inclusivos de la discapacidad y sensibles a la edad , con el objetivo de reconocer, valorar, reducir y redistribuir la atención no remunerada, trabajo doméstico y cuidado" y se insta a los Estados, entre otros, "aumentar la inversión en políticas e infraestructuras de cuidados para garantizar el acceso universal a servicios asequibles y de calidad para todos”.