Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda de protección oficial en Barcelona hemos celebrado una rueda de prensa hoy para denunciar la voluntad firme del ayuntamiento socialista de Jaume Collboni de desactivarla con modificaciones. Recordamos que estamos hablando de una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones por vivienda de protección oficial −tanto de compra como de alquiler.

La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelayo, que hoy en día son todavía apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas a menos de 500 metros de plaza Cataluña, que incorporará viviendas a precio regulado, todo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social, evitando que las vecinas sean expulsadas hacia una periferia cada vez más lejana y dejando el centro como una ciudad-escaparate para el turismo y por una minoría de súper-ricos que pueden comprar pisos de lujo.

Hasta diciembre del 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de todo Cataluña donde se ganó,  a vivienda de protección oficial solo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22@ o La Sagrera), por lo tanto en la ciudad construida prácticamente no se podía hacer. Con el 30% son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios, de forma que podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana (los criterios de acceso a la vivienda de protección oficial son extensibles al 75% de la población), igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares y por eso el parque de vivienda asequible es del 20% cuando en Barcelona y al resto de Cataluña es apenas del 1,5%, una de las tasas más bajas de Europa.

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de  la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para “ajustar” la medida, después de constatar que “no funciona” -sin aportar ningún estudio que lo demuestre- y de intentar, primero al Pleno sin conseguirlo en plena campaña electoral, y después de elecciones a la comisión de urbanismo aliándose con Trias y PP, aprobar dos  resoluciones que proponen recortar el 30%. Pero realmente la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?

Boicot a la medida desde el primer minuto 

En estos últimos años la medida ha conseguido unos 60 pisos protegidos. Si bien no es una cifra particularmente alta, esto es debido a varías cuestiones que no tienen nada que ver con su potencial.

En primer lugar porque tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras esta se tramitaba. Por lo tanto, los promotores tuvieron unos cuántos meses para pedir licencias antes de que entrara en vigor, hecho que provocó un avalancha de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que el 2017.

En segundo lugar, se aplazó la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso durante 2 años, hecho que comportó que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio del 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas de protección oficial en la ciudad. 

Para acabarlo de rematar, la crisis sanitaria del 2020 lo empeoró quedando parada la actividad constructiva por todas partes, hecho que atrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las las grandes promociones y rehabilitaciones. Por no hablar de las picarescas de los promotores, que en algunos casos optaban pedir un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar sobrepasar el número de m² que los obliga a cumplir la norma.

Por otro lado, también ha tenido que ver la pasividad del propio ayuntamiento en la hora de hacer cumplir la norma, puesto que no ha hecho suficientes inspecciones ni ha sancionado a quienes se saltaba la ley. De hecho, como mínimo habríamos ganado 120 viviendas de protección oficial más, contando los incumplimientos detectados y por los cuales se anunció la apertura de expedientes sancionadores el 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían haber sido muchas más.

Por todo ello, no es casual que al 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100% hayan surgido las críticas sobre su funcionamiento. Conocemos de sobra las maniobras de los lobbies especuladores por no perder ni una migaja del negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un “armagedón” o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron porque no se suspendieran las licencias restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada lo impugnaron a los Juzgados para tumbarlo sin que los dieran la razón; y actualmente pregonan que no funciona en una especie de “profecía auto-cumplida” y con el altavoz de Collboni y Trias porque lo recorten o la vacíen de contenido.

Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y es por eso que Collboni ha formado un grupo de ”expertos” para “modificar” la norma entre los cuales, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguno de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, a pesar de que el Alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la misma Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y por eso exigimos que se haga pública su composición. En caso de que así sea, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad. 

El que tendría que hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de la medida en su totalidad y a velar porque todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción. En el supuesto que se quiera reforzar, se tendría que ir en la línea de que la vivienda de protección oficial sea de alquiler o de reducir la superficie mínima donde se aplica en las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gracia. Es inadmisible el cuestionamiento de esta norma en un contexto donde el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO, sobre todo sabiendo que el parque actual se está perdiendo: al 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 30 años (al 2048) se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.

La ciudadanía de Barcelona no merece hacer pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad -tanto en el centro como en los barrios- a un precio asequible a través de aportaciones de los privados a las nuevas grandes promociones o rehabilitaciones. De lo contrario, seguiremos viendo como los pisos de lujo colonizan sin freno los barrios centrales y el Eixample y las vecinas son expulsadas de su casa.

¡Advertimos que si no se para este intento de recortar el 30% nos movilizaremos en la calle! Hacemos también un llamamiento a todo el tejido social de Barcelona para que participio y apoye a las acciones de protesta que convocaremos a partir de hoy.

El 30% no se toca. ¡Defendemos la vivienda de protección oficial!