Esta semana hemos tenido noticia de la muerte de 37 personas en la frontera de España con Marruecos cuando intentaban entrar en la ciudad de Melilla, en un nuevo episodio de violencia policial por parte de los cuerpos policiales de ambos estados hacia las personas migrantes que buscan cruzar las fronteras, huyendo de conflictos y persecuciones en su país de origen o buscando un futuro mejor para sus familias.

No podemos evitar relacionar estos hechos con el actual contexto de amistad entre gobiernos, de renovada complicidad entre España y Marruecos retomada por el abandono, por parte del primero, de su estatus de neutralidad en el conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental. Según reportan las ONG de la zona, las intervenciones de la Gendarmería marroquí se han incrementado, en número y en intensidad de violencia, tanto en las inmediaciones de la frontera como en el monte Gourougou, donde muchas de estas personas en tránsito se refugian antes de decidirse a saltar la valla. Las palabras del presidente Pedro Sánchez del 25 de junio, agradeciendo en el Marruecos su actuación y calificando el operativo como “bien resuelto” y rehuyendo la responsabilidad propia en cuestiones tanto básicas como el respecto de la vida humana bajo la excusa, tantas veces utilizada desde posiciones xenófobas, del papel de las “mafias”. Como recientemente hemos visto en el contexto británico con el intento de expulsión de demandantes de asilo en Ruanda, los ejecutivos de Marruecos y España subordinan el respeto a los Derechos Humanos más esenciales a una especie de “razón de frontera” y, como ha afirmado el Gobierno de Sánchez, de “defensa de la integridad territorial”.

Nos tememos, además, que nuevamente vulneraciones tan graves como las que hemos presenciado, con decenas de muertes, queden impunes, puesto que las organizaciones sociales de la zona denuncian dificultades para intervenir y visitar a las personas supervivientes y, según informaciones de estas mismas entidades, desde el Marruecos ya se están apresurando a enterrar las víctimas mortales en una fosa común para obstaculizar las investigaciones. No sería la primera vez, dado que hace poco el Tribunal Supremo de España ha decidido archivar la muerte de 14 personas después de una actuación policial a la frontera de Ceuta, en la playa del Tarajal. Después de años de lucha en los tribunales y múltiples obstáculos, sus familias han quedado sin reparación por parte del Estado.

Nos corresponde como sociedad rechazar frontalmente estos discursos exigiendo una rectificación inmediata por parte del Gobierno español, así como una investigación con todas las garantías que esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades, jurídicas y políticas ambos lados de la frontera.

Es por eso que desde el Observatorio DESC mostramos un claro rechazo contra esta actuación por parte de los gobiernos español y marroquí y nos adherimos al Comunicado contra la violencia policial en la valla de Melilla escrito y firmado por Geum Doudou, Irídia, No Name Kitchen, Novact, Solidary Wheels y SOS Refugiados Europa que reproducimos a continuación. Asimismo, queremos expresar nuestro pésame hacia las familias y personas conocidas de las víctimas.

Fotografía de cabecera: Pedro Mata, Fotomovimiento