Tras años de procedimiento que hemos resumido aquí, la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin al caso de los discos duros de Bárcenas, confirmando la absolución de los acusados, entre ellos el Partido Popular, por haber borrado y formateado ordenadores con posibles pruebas cruciales para la investigación de los sobresueldos del Partido Popular. Por un lado, se absuelve del delito de encubrimiento porque no se considera probado que dicha eliminación fuera con intención de ocultar información incriminatoria del Partido Popular, y por otro lado se excluye el examen del posible delito de daños informáticos por aplicación de la Doctrina Botín.

Para el Observatorio DESC, la clave del proceso judicial era probar la conexión entre el borrado de los discos duros y la “Caja B” del Partido Popular, uno de los mayores escándalos de corrupción de este país. Por ello hemos sostenido como evidencia que desde el propio Partido Popular se quiso eliminar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la trama de corrupción. De este modo, el delito de daños informáticos era un medio de encubrimiento por el cual cabía enjuiciar al partido que tantos años ha estado en el Gobierno. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado, en una nueva aplicación de la discutida Doctrina Botín, que las acusaciones populares pudiéramos ejercer la acción penal en relación con este delito al no considerar que dañe el interés público. En consecuencia, la Audiencia no entra a valorar el fondo de la cuestión, puesto que ni Fiscalía -lo que resulta especialmente preocupante- ni Luis Bárcenas formulaba acusación, quedando así el Partido Popular indemne, pese a la solidez de los indicios de culpabilidad.

En lo que respecta al delito de encubrimiento, no se considera probado que Carmen Navarro, actual gerente del partido, Alberto Durán, asesor jurídico y José Manuel Moreno, responsable informático, destruyeran los discos duros con el objetivo de dificultar la investigación de la “Caja B” del Partido Popular.

Con nuestra acusación popular, hemos tratado de exigir justicia ante una caso de corrupción de importantes dimensiones que implicaría a un partido de Gobierno, entendiendo que la defensa de los derechos de todos y todas, y en especial de los derechos sociales, depende de una buena gestión de los recursos públicos y de la depuración de responsabilidades en casos de tráfico de influencias, privilegios de determinados intereses privados o financiación irregular. Por contra, tanto la sentencia en primera instancia como la de la Audiencia Provincial miran hacia otro lado y desaprovechan una magnífica oportunidad para asentar  reglas claras de transparencia imprescindibles para la lucha contra la corrupción.  

Desgraciadamente, asistimos una vez más al fracaso de la vía judicial en la búsqueda de responsabilidades penales frente a malas praxis y abusos de poder, a través de limitaciones al acceso a la justicia por medio de la acusación por parte de la sociedad civil, a las que se suman dificultades durante el proceso que finalmente permiten una absolución desde nuestro punto de vista inexplicable. Seguiremos no obstante impulsando y acompañando toda iniciativa en contra de la impunidad y en favor de la democracia y la garantía de los derechos de todos y todas, aspectos necesarios para hacer posible una vida digna para las mayorías sociales.  

Imagen: El País