El 15 de marzo el Congreso aprobó la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que transpone, con tres años de retraso respecto a la fecha límite, la Directiva 2014/17/UE y que entró en vigor el pasado 16 de junio.

Las medidas más significativas que recoge son las siguientes: se clarifica el reparto de los gastos, se prohíben las cláusulas suelo, se fija el interés de demora, se pone límite a las comisiones máximas, interés variable y fijo, se amplían los impagos necesarios para la ejecución hipotecaria restringiendo el vencimiento anticipado, se establece el procedimiento para que aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas en las que no se haya interpuesto oposición por cláusulas abusivas y que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al banco o la entidad, se pueda efectuar ahora un incidente extraordinario de oposición, y se establecen distintas normas de transparencia y de conducta.

La mayoría de estas medidas introducidas por la Ley de contratos de crédito inmobiliario benefician al consumidor,  al garantizar mayor transparencia y seguridad en la contratación de préstamos hipotecarios, que normalmente, por su contenido endiabladamente complejo, cuesta que el consumidor entienda con claridad. Asimismo, la norma recoge medidas que desde hace años venían defendiendo tanto los movimientos sociales como los juzgados, nacionales y europeos, como la supresión de las cláusulas suelo o retrasar el momento en que cabe solicitar el vencimiento anticipado. Además, la norma permite la oposición a todas aquellas personas que no pudieron oponerse en su momento a la ejecución hipotecaria alegando la existencia de cláusulas abusivas.

Sin embargo, es importante recordar que la dación en pago, medida que permite la liquidación de la deuda con la entrega del inmueble (la garantía del préstamo), no se ha recogido a pesar de ser una de las principales reclamaciones de la sociedad civil y los movimientos de vivienda. En  este sentido, la Directiva europea sobre contratos de crédito dejaba la puerta abierta a esta posibilidad, pero el Gobierno no ha querido aprovechar la oportunidad de evitar que las familias afectadas por una ejecución hipotecaria se vean sin casa y con una deuda a las espaldas. Entidades sociales de referencia como la PAH, han sido muy críticos con esta negativa y con la nueva regulación.

Os adjuntamos unas notas más completas para colaborar a hacer más accesible y comprensible la información entorno a esta nueva regulación.