Las economías de plataforma han revolucionado la forma en que las empresas prestan servicios y venden productos. Las plataformas digitales como Uber, Glovo y Amazon han cambiado la forma en que consumimos y producimos bienes y servicios. Sin embargo, estos modelos económicos también han dado lugar a vulneraciones de derechos sociales, y tienen un impacto ambiental considerable. Las empresas que operan en estas plataformas a menudo eluden regulaciones laborales e incorporan en su manera de operar prácticas agresivas, que atentan contra la soberanía de las ciudades. Para contrarrestar estos problemas, que analizamos en el informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital” y que se presenta el próximo 9 de marzo, la contratación pública puede desempeñar un papel fundamental.

En el contexto de las economías de plataforma, la contratación pública puede utilizarse para establecer requisitos sociales y ambientales en las licitaciones y reducir la capacidad de las empresas que son contratadas por las administraciones de infringir los derechos de los y las  trabajadoras y el impacto en el medio ambiente en el ejercicio del contrato. Sin embargo, no se ha detectado hasta ahora que estas empresas tengan una participación directa en la contratación pública, así que la acción que se puede tomar la contratación pública se focaliza en otros aspectos.

En este sentido, las administraciones pueden fomentar la creación y consolidación de cooperativas y empresas sociales que ofrezcan servicios similares a los de las plataformas digitales, pero que sean propiedad y estén dirigidas por las personas trabajadoras y la comunidad.

Como hemos analizado desde el ODESC anteriormente, la condición de empresa de la economía social y solidaria (ESS) o sin ánimo de lucro puede usarse como un criterio de valoración en las licitaciones, y hemos detectado que se ha usado como criterio de favorecimiento en caso de empate técnico.

Además, la actual Ley de Contratos Públicos, transponiendo las Directivas europeas, ha establecido una importante herramienta para el apoyo a la Economía Social: la reserva de contratos.

Este instrumento permite limitar la concurrencia de empresas en las licitaciones públicas, estableciendo que presenten ofertas solamente las empresas de la Economía Social. La Ley desarrolla dos tipos de reserva: una referente a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción que puede aplicarse a cualquier tipo de contrato, y otra reserva referida a otras entidades de la Economía Social, limitada a algunos tipos de contrato. Respecto esta segunda provisión, las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones cumplen los requisitos establecidos en la Ley para concurrir a las licitaciones que se encuentren bajo esta reserva. Específicamente, los servicios postales de correos, de paquetes, y de entrega de comida a domicilio están incluidos en los tipos de servicio a los que se pueden realizar reservas de contrato para este tipo de empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por lo tanto, se podría limitar que en las licitaciones de estos servicios pudieran concurrir solo agentes de la ESS.

También se puede facilitar la participación de las cooperativas de plataforma en el diseño de las licitaciones. Señalan desde cooperativas de mensajería que se han publicado licitaciones de reparto donde se requiere tener vehículos de tracción motor como motocicletas o furgonetas en servicios que podrían realizarse de formas más sostenibles, como la bicicleta. Dado que muchas economías de plataforma optan solamente por este tipo de movilidad, es necesario repensar la necesidad de introducir vehículos a motor como condición obligatoria para licitar, impulsando así la participación de la ESS, así como apostando por una movilidad más sostenible.

En resumen, la contratación pública puede desempeñar un papel clave en la limitación de las vulneraciones de derechos sociales y ambientales que causan las economías de plataforma, fomentando las iniciativas en la economía social y solidaria, a través de criterios de valoración, reservas de contrato y en el mismo diseño de las licitaciones.

Si estás interesado/ada en las vulneraciones de derechos que llevan a cabo las economías de plataforma y las distribuidoras digitales, así como su impacto ambiental, acompáñanos en la presentación de la informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital” el día 9 de marzo a las 16:00 h en Barcelona (Enlace para inscribirse)