“La vivienda es la principal causa de vulnerabilidad, porque es el principal gasto de las familias”, alerta el Observatorio Metropolitano de la Vivienda

Los alquileres han subido, en las últimas dos décadas en Cataluña, tres veces más que los ingresos de las familias. Lo revela un estudio publicado por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (OHB en sus siglas en catalán) y el Observatorio DESC. El informe, State of Housing 2021, señala que el precio del alquiler entre 2000 y 2020 ha subido un 101,6% (se ha doblado) en la comunidad, mientras que los ingresos de las familias han aumentado solo un 33,6%. En la ciudad de Barcelona, la proporción de las subidas es parecida, con incrementos porcentuales mayores: la renta familiar disponible subió un 43,5% y los alquileres, un 136,3%.

La presidenta del OHB, Carme Trilla, apunta que esta gran brecha entre la subida de sueldos y la del precio del alquiler muestra que “la vivienda es la principal causa de vulnerabilidad, porque es el principal gasto de las familias”. Y, además, en un círculo vicioso, cuanto más pobre es una familia, más porcentaje de sus ingresos se los come la vivienda. De media, los catalanes destinan un 38% de su sueldo a pagar la vivienda, mientras que las que ingresan menos de mil euros destinan un 54%.

“La vivienda está muy lejos de cualquier otro gasto doméstico, por eso asistimos a tantos desahucios de familias vulnerables, porque las coloca en situación de riesgo”, lamenta Trilla. Esta semana el Consejo General del Poder Judicial publicó las cifras de desahucios del primer trimestre de este año: Cataluña encabeza la lista en España, con 2.410 lanzamientos (el 21,8% del total). De este total, tres de cada cuatro (1.702) son por impago del alquiler.

La experta -que suele defender que, al contrario que el precio de compra, el de alquiler tiene como techo lo que las familias pueden pagar- apunta que ahora lo que tensa el precio es la insuficiente oferta. El alquiler ha alcanzado cotas nunca vistas en las últimas décadas: en 2021 en Barcelona eran el 38% de las familias, diez puntos porcentuales más que en 2001. “Sigo pensando que el alquiler tiene un techo, en los últimos años los alquileres en Barcelona rondan los 900 euros, suben o bajan, pero no hay grandes saltos, pero sí es la tensión más preocupante si miramos mercado de alquiler y compra”.

El informe también denuncia la poca inversión en vivienda pública. En el periodo analizado, 2000-2020, “en España se ha dedicado un 0,06% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 0,5% que se ha destinado, de media, en la Unión Europea”. “Necesitamos viviendas para las personas que no pueden pagar los precios de mercado, la situación del acceso a la vivienda es insostenible”, opina Carles Donat, del Observatorio Metropolitano y uno de los expertos que ha redactado el informe. La consecuencia de la brecha de ingresos y gasto es que “más gente se empobrece”. La semana pasada, cuando la Generalitat activó la solicitud del bono joven, una ayuda de 250 euros mensuales para pagar el alquiler, en una sola mañana se recibieron 15.000 peticiones, cuando el presupuesto del Gobierno solo da para 9.600 ayudas.

En positivo, Donat ve tres escenarios de mejora. Uno, los Fondos Next Generation para promover alquiler social, aunque tardarán cuatro o cinco años en estar construidos; dos, que cuando estos fondos extraordinarios se terminen triplicar o cuadruplicar las inversiones de las administraciones en vivienda; y tres, el debate de la Ley de Vivienda, que introducirá algún tipo de regulación de los alquileres, tras la anulación de la legislación catalana.

Desde el Observatorio DESC, Irene Escorihuela, señala que el alquiler “se come el 40% de los ingresos del 40% de la gente”. Y alerta de que “para quien no puede asumir el alquiler, la vivienda de compra tampoco es asumible para las rentas bajas”. “El mercado no se autoregula, si no fijas topes o legislas para que la vivienda sea más asequible, el mercado busca el máximo beneficio”, apunta. Y añade; “mientras, la pobreza moderada aumenta. Y no hablamos de personas en situación de exclusión, sino de gente que trabaja”.

“La debilidad del sistema de vivienda catalán y español se evidenció durante la emergencia sanitaria de la covid: la renta media en Cataluña cayó un 5,7% y la tasa de pobreza moderada creció en más de tres puntos en 2020: del 19,5% al 23%”, apunta el estudio. Unas cifras que llevaron a las administraciones a tomar medidas, como suspender los desahucios. En Barcelona, el Ayuntamiento destinó en los dos primeros meses de pandemia 65.000 euros al día en ayudas sociales de emergencia, sobre todo para alimentación y vivienda.

En el Sindicato de Inquilinos, y tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional del grueso de la Ley Catalana que reguló los alquileres durante un año y medio, insisten que es necesario que los precios estén regulados por ley. “En un país con un parque de alquiler público casi inexistente, la única manera de revertir la vulnerabilidad de las familias es regular precios, ya no para que no suban, sino para que bajen”, apunta Carme Arcarazo, portavoz del sindicato. Y añade: “El problema de los alquileres no es de gente vulnerable, es vivir de alquiler lo que te convierte en vulnerable”.

Arcarazo destaca, además, que las cifras del estudio muestran “que el problema de la vivienda no es exclusivo de Barcelona, o atribuible a la gentrificación o a un efecto mancha de aceite: las subidas desproporcionadas se producen en toda Cataluña y son más pronunciadas en ciudades medianas de la región metropolitana”.

Con las cifras de desahucios del primer trimestre en la mano, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamó el pasado martes actuar “de forma urgente” frente a los desahucios, que son “la punta del iceberg de la falta de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros de los especuladores”.