Hagan caso a la sabiduría popular. Como decía el lema de los -imparables- activistas por el derecho a la vivienda, “si la SAREB es nuestra, sus casas también

El filósofo Roman Krznaric (Sídney, 1971) ha publicado recientemente ‘El buen antepasado. Cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista’ (Capitán Swing, 2022), un alegato contra el cortoplacismo y a favor de un pensamiento que sea capaz de aunar el poder de la memoria y la imaginación del futuro. En una entrevista reciente, resumía que “ser un buen antepasado pasa por pensar en el futuro vinculándolo a la memoria, a la manera en que nos recordarán y juzgarán las generaciones futuras. Aunque también implica que en el presente necesitamos recordar el pasado”. 

Compartimos su opinión de que el cortoplacismo de las elecciones es un peligro que carcome la democracia con la misma insistencia que la extrema derecha. Ejemplos de esta visión dominada por el tiempo presente pueden verse a diario, desde el abordaje de la política a base de tuits a la crisis energética y la crisis climática. 

En el ámbito de la vivienda no es ni distinto ni novedoso. Si utilizamos el artefacto de la memoria, pronto se recuerda uno de los mayores errores que explican el por qué de cientos de miles de ‘gentes sin casas y casas sin gentes’. Y no es otro que la decisión de la dictadura franquista de desarrollar una política de promoción de viviendas protegidas centradas en la compraventa y con la que promotores “amigos” construyeron viviendas de mala calidad en terrenos baratos del extrarradio para sacar tajada, a contracorriente de la mayoría de países europeos que optaron por las viviendas sociales de alquiler. Las familias compradoras, humildes, pero también de clase media, pudieron vender décadas después estas viviendas a otras familias sin límite de precio y perdiendo su carácter protegido. Ahora, muchos de estos pisos están o bien en manos de los propios bancos que ejecutaron las hipotecas de las segundas y terceras transmisiones, o bajo los tentáculos de los fondos buitres. 

Los resultados de esta política son desastrosos y se explican por sí solos: se calcula que entre un 26% y un 35% del total de viviendas construidas entre 1952 y 2016 tuvieron carácter protegido (Trilla, Bosch, 2018), pero actualmente sólo tenemos un parque de vivienda protegida de un mísero 1,6%. A años luz o décadas de la buena gestión de países como Holanda (30%), Austria (24%) o nuestra vecina Francia (16,8%). 

Como dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, en el año 2012 se creó la SAREB, una entidad encargada de digerir los activos tóxicos de las cajas de ahorro y las entidades de crédito rescatadas, con un patrimonio de cerca de 100.000 inmuebles, otros 400.000 en garantía y unos 70.000 préstamos. En palabras de Manuel Gabarre, abogado e investigador experto en la financiarización de la vivienda, el ‘banco malo’ no es más que “un trampantojo normativo para evitar que Sareb fuese una entidad pública desde el punto de vista legal. Sin embargo, no es más que una gran inmobiliaria del Estado que se ha ido privatizando de manera encubierta”. En el instante en que nuestra sociedad más lo necesitaba, se perdió una oportunidad histórica de que dichos activos pasaran a formar parte del parque de viviendas sociales. Y no fue porque la sociedad civil y los movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH), no lo reclamaran.  

El año pasado Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, obligó al Gobierno a incorporar las deudas de la SAREB en las cuentas públicas. Este soplo de aire proveniente de Europa, como tantos otros en materia de vivienda, parecía abrir el espacio para la imaginación y un cambio de rumbo. Porque si se había malvendido una parte considerable del patrimonio de la entidad a fondos buitres, a día de hoy todavía quedan 45.147 viviendas, 26.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. Lo que traducido a nivel práctico significa que en Catalunya se aumentaría como mínimo un 78% el parque público de vivienda y daría respuesta al 15% de personas solicitantes de vivienda social; o que en la Comunidad Valenciana aumentaría un 61% el parque público, logrando de esta forma “cubrir no solo el total de las solicitudes, sino duplicarlas”. Todo eso sin contar con las obras en curso y los suelos edificables.

Sin embargo, hasta la fecha solo se han apuntado algunas medidas relativas a la cesión de 15.000 viviendas de la SAREB a las Comunidades Autónomas. Mientras, fondos de inversión como Blackstone, dedicados a la especulación, gestionan la venta de las viviendas del ‘banco malo’, instando desahucios para hacerlo. No lo lean otra vez, lo entendieron bien: fondos buitre encargados de gestionar un patrimonio público dejan en la calle a familias cada día. Lo cuenta -de forma didáctica pero indignada- el experto antes mencionado en un reciente informe sobre estos fondos oportunistas publicado por el Observatorio DESC. Por ello y con razón, algunas Comunidades Autónomas, como Valencia, Navarra, Cantabria o Cataluña, además de muchos Ayuntamientos, ya se han organizado para exigir una incorporación real, efectiva y duradera de las viviendas de la SAREB a las distintas administraciones públicas. 

En estas y otras decisiones se echa en falta el criterio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, creada en 2020 para batir, literalmente, ‘el enemigo del cortoplacismo’. ¿Pensarán sus miembros y los del Gobierno en el millón y medio de personas desalojadas de sus viviendas en la última década? ¿Y en el otro medio millón de hogares que necesitan una vivienda social? ¿Se imaginan a sus niños y niñas? ¿Y en sus nietas maldiciendo desde el lejano 2050 todas las oportunidades perdidas para crear un parque público de viviendas sociales suficiente? ¿Se las imaginan con la ansiedad de ocupar por necesidad una vivienda sin título, o con los problemas de salud de vivir en una chabola, preguntándose por qué en 2022 volvimos a tropezar por tercera vez con la misma piedra? ¿O es que quizás no pueden imaginar nada de eso porque sufren la misma ceguera que Enrique Ossorio, el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que es incapaz de ver a los pobres? 

Si seguimos el rumbo de tropezar siempre sobre la misma piedra, si desaprovechamos la nueva oportunidad que nos brinda la SAREB ¿Cómo nos recordarán? ¿Cómo buenos antepasados o como cómplices de  la especulación, la corrupción y la ignorancia?

Hagan caso a la sabiduría popular. Como decía el lema de los -imparables- activistas por el derecho a la vivienda, “si la SAREB es nuestra, sus casas también”.