Artículo publicado en Contrapoder (eldiario.es) por David Hamou

El timbre suena, como casi cada día. Del otro lado de la puerta están ocho hombres corpulentos. Su empresa: Desokupa. Su oficio: ejecutar desahucios extrajudiciales. Su método: actuaciones al margen de la ley, incluyendo en ocasiones amenazas y coacciones físicas. Sus clientes: grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que se enriquecen invirtiendo en vivienda 1. La empresa Desokupa salió a la luz en 2016 con el desalojo de la casa ocupada Can Dimoni en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces, su modelo de negocio se ha expandido, se han abierto numerosas franquicias en toda España y han aparecido muchas otras empresas similares. Pero el desarrollo económico de este nuevo sector privado de seguridad privada y desahucios extrajudiciales llega de la mano de las ventas de “pisos con bicho”, las reformas integrales y los alquileres de lujo o apartamentos turísticos.

Como otras ciudades de España, Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de nuevos procesos especulativos, especialmente relacionados con el alquiler y la ocupación en precario. La inversión en gestión inmobiliaria de fondos extranjeros, las compras de propiedades verticales y la formación de una nueva burbuja del alquiler participan en este proceso. En este contexto de presión inmobiliaria, las empresas privadas especializadas en impedir ocupaciones como Desokupa desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones especulativas. Para poder obtener la máxima rentabilidad de los “activos inmobiliarios”, es necesario mantener viviendas vacías con el objetivo de movilizarlas para transacciones futuras (compra, venta, rehabilitación…). Considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental implica considerar a las personas como activos económicos, que se tienen que mover de un sitio a otro según las fluctuaciones de las operaciones financieras. Este proceso que los expertos llaman ‘flexibilización del mercado inmobiliario’ tiene como consecuencia una precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos condenados a moverse sin poder construir proyectos de vida.

Así, los que padecen este proceso que retroalimentan empresas como Desokupa son en primer lugar aquellos que menos participan en el ciclo de acumulación del capital inmobiliario, aquellos que generan menos rentabilidad ya que se encuentran excluidos del mercado de la vivienda. Muchas familias en Barcelona y el conjunto del Estado español han sufrido distintas formas de acoso inmobiliario. Canillas de agua del edificio rotas en la noche por extraños, llamadas y visitas imprevistas e imponentes, desalojos extrajudiciales y judiciales, visibles e invisibles… desafortunadamente, los ejemplos no faltan.

El auge de las empresas de desalojos extrajudiciales también ilustra la problemática de la privatización de la seguridad. Los empleados de Desokupa afirman que protegen la propiedad privada de las ocupaciones ilegales. Pero, ¿quién está habilitado para decidir la legalidad o no de la ocupación de la vivienda? Y, en caso de ilegalidad, ¿quién puede ejecutar legítimamente un desalojo? Con los desalojos extrajudiciales se está creando una (in)justicia paralela que esquiva la vía judicial, ya de por sí cada vez menos garantista. Las empresas privadas tienen una influencia creciente en el sector de la seguridad, y especialmente en relación con la protección de bienes. Este proceso tiene como consecuencia una cierta “desmonopolización” del uso de la violencia legítima: el Estado ya no es el único depositario del uso de la violencia legítima. El riesgo es que entidades privadas se reivindiquen como legitimas para tomar decisiones judiciales y aplicarlas. De hecho, la aparición de Desokupa podría leerse como una resurgencia de la tradición del “vigilantismo”. Según el vigilantismo, personas que no forman parte del cuerpo estatal de seguridad intentan aplicar la ley. Pero en este caso, la ley que Desokupa intenta aplicar es la ley del mercado inmobiliario. “Tomarse la injusticia por su mano” podría ser el lema de los vigilantes del latifundismo urbano. Las empresas de seguridad privada no solo ejercen la violencia inmobiliaria, sino que la venden, haciendo de la emergencia habitacional un negocio lucrativo.

Frente a estas actuaciones, la ciudadanía se está organizando. El movimiento vecinal ha impedido desahucios extrajudiciales, como por ejemplo en el caso de un intento de desalojo en el barrio del Raval. Gracias a la rápida reacción de los movimientos vecinales por las redes, un grupo de activistas y vecinos se agruparon frente al edificio, impidiendo el desalojo 2. Otra vía de resistencia a estas vulneraciones es la vía judicial. En septiembre del 2016 el Observatorio DESC presentó una querella contra la empresa Desokupa, denunciando unas prácticas que rayan la ilegalidad y los posibles delitos cometidos durante el desahucio de Can Dimoni en el barrio de Gracia, Barcelona. Para que estas actuaciones no queden impunes, los tribunales pueden ser una estrategia complementaria a la acción vecinal. A pesar de las trabas y dificultades (fianzas muy elevadas, intentos de archivo constantes, ausencia de una investigación exhaustiva…), es importante apostar por la defensa jurídica. Las distintas formas de denuncia tienen el mismo objetivo: detener este tipo de prácticas que precarizan el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables, y evitar así que se constituyan en un paso más de la especulación inmobiliaria.