Al largo de los últimos días hemos conocido la decisión de los jueces civiles de la Audiencia de Girona y de unificar criterios en la línea de no sentirse interpelados diciembre de un punto de vista procesal en la aplicación de la Ley 24 / 2015. Ante esta decisión , que es totalmente contraria a la garantía de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad afectadas y vulnera los sus derechos más fundamentales , se le han sumado algunas noticias alarmantes aparecidas en los medios de comunicación .

Por este motivo , apelamos al conjunto de jueces de Primera Instancia de todo el territorio para que apliquen la Ley 24/2015 de la forma más garantista posible y respetando los Derechos Humanos , tal y como organismos internacionales han reclamado previamente a el Estado español y como desarrollaremos más adelante . Esto implica, lógicamente , detener los desahucios de aquellos grandes propietarios obligados e instarlos a hacer la correspondiente oferta de alquiler social a las familias afectadas .

Los posicionamientos contrarios se basan, en primer lugar , en una interpretación restrictiva de la literalidad de la Ley 24/2015, todo afirmando que en ningún artículo se hace referencia explícita a cuáles son los efectos procesales que derivan del incumplimiento por parte de los grandes tenedores de vivienda de realizar esta oferta de alquiler . No obstante , cabe destacar que el artículo 3 del Código Civil establece claramente que las normas han interpretar de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas .

En este sentido , queremos hacer patente que nos encontramos en la peor crisis de la vivienda que hemos vivido en décadas . Desde el inicio de la gran crisis económica , más de un millón de familias han sido desahuciadas de las sus hogares . El Estado no ha sido capaz de impulsar normas capaces de garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y hemos vivido cómo se han destinado más de 65.725 millones de euros , 42.561 de los cuales por parte de el Estado , que posiblemente no se recuperen nunca , al rescate bancario . Por otra parte, los precios del alquiler en grandes ciudades como Barcelona o Madrid se han incrementado en alrededor del 40% en sólo cinco años , situando -se a día de hoy como la principal causa de desahucio .

Ante este escenario , se han empezado a generar leyes innovadoras y valientes para poner fin a la concepción de la vivienda como un bien mercantil con el que especular y hacer caja . Varios países han optado por congelar los precios de los alquileres y en Cataluña hicimos conseguir impulsar desde la ciudadanía la Ley 24/2015 hace casi cinco años , recuperarla de la suspensión promovida por el gobierno del PP y el lobby bancario y actualizarla este diciembre con el Decreto ley 17/2019. Con esta herramienta tan potente , los jueces han de entender que la su aplicación es imprescindible para garantizar los derechos más fundamentales de todas las familias afectadas por esta crisis de la vivienda .

De esta manera, organismos internacionales como el Comité DESC de Naciones Unidas han emitido múltiples dictámenes y comunicaciones en el que han denunciado la existencia de desahucios sin alternativa habitacional y han instado la su suspensión , implicando no sólo a la Administración , sino también a los jueces . Las resoluciones criticaban duramente la ausencia de una ponderación de derechos por parte de los jueces y que no tuvieran en cuenta la vulnerabilidad de las familias . Hemos de recordar que a pesar de el derecho a la propiedad está reconocido en la Constitución , este se puede ver limitado de acuerdo con la su función social. A más , hay que encontrar el equilibrio entre este derecho y el de la vida y integridad física y moral, conectando este último con el derecho a la vivienda establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales , ratificado por España en 1977.

En segundo lugar , las voces contrarias se basan también en que la norma es de carácter administrativo y que, por tanto , no debería de tener efectos procesales . No obstante , el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en dos autos de noviembre de 2018, se estableció claramente que la Ley 24/2015 " forma parte de ordenamiento civil catalán " y el artículo 149.1.6 de la Constitución permite en materia procesal que las Comunidades Autónomas puedan generar legislación " de las especialidades que en este orden se deriven necesariamente de las particularidades del derecho sustantivo " de estas .

Por este motivo , desde el Grupo Promotor entendemos que los jueces tienen motivos de sobra para aplicar sin excusas la Ley 24/2015 y las novedades introducidas en el Decreto ley 17/2019 y apelamos a todos los Jueces de Primera Instancia de Cataluña porque así lo hagan . Paralelamente , exigimos a los ayuntamientos y a la Generalitat que tramiten todos los expedientes sancionadores oportunos cuando detectamos incumplimientos por parte de los bancos , fondos y grandes propietarios . La actual crisis de la vivienda sólo la conseguiremos superar si todos los poderes de Estado reman hacia la misma dirección y desde el Grupo Promotor y la sociedad civil organizada haremos toda la presión posible para que la vivienda en casa nuestra sea realmente un derecho y no un sujeto de especulación por parte de los grandes poderes económicos .