03/09/2017

La querella contra Desokupa y el acoso inmobiliario siguen adelante

La semana pasada volvió a actuar la empresa "Desokupa", en el barrio de Sant Antoni, Barcelona. Desde el Observatorio DESC queremos expresar nuestra preocupación y el más firme rechazo de estas prácticas que nos conducen hacia las violencias privadas. Las constantes vulneraciones del derecho a la vivienda, que se multiplicaron después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis hipotecaria, se intensifican ahora con la subida incesante de los precios del alquiler, que está provocando una gentrificación de cada vez más barrios de la ciudad, e incluso más allá de Barcelona. La presión del turismo masivo, la inversión extranjera y la especulación hacen que un bien básico para nuestra existencia, la vivienda, se esté convirtiendo en un negocio, un privilegio.

 

"Desokupa", empresa que supuestamente se encarga de tareas de mediación entre propietarios e inquilinos, ya ha sido denunciada por sus prácticas que  podrían ser consideradas como delictivas, ya que implicarían el uso de la fuerza y amenazas, abiertamente fuera de los límites de las vías legalmente previstas. La organización vecinal ha conseguido parar algunas de estas actuaciones. El Observatorio DESC ha impulsado una querella criminal contra la empresa, incluyendo a quien había contratado sus servicios, Norvet Negotial SL, querella admitida a trámite a instancia de la Audiencia Provincial en sede de recurso de apelación. Sin embargo, nos encontramos con que este ejercicio de las vías judiciales previstas se enfrenta ahora a la decisión del Juzgado de Instrucción nº 31 de exigir una fianza de 10.000 euros para poder continuar con el procedimiento penal. Nos parece que esta decisión resulta desproporcionada y que limita el derecho de acceso a la justicia, al mismo tiempo que, en caso de mantenerse, impide que los poderes públicos asuman la responsabilidad de velar por los derechos y los intereses colectivos, compromiso imprescindible para hacer frente a la emergencia social en que nos encontramos.



De acuerdo con los tratados internacionales con respecto a los derechos fundamentales y en base a la legislación estatal y catalana sobre la protección del derecho a la vivienda, todas las administraciones públicas tienen que garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a toda la población. Esto implica actuar para proveer vivienda a quien lo necesite y evitar los desahucios o la pérdida de la vivienda habitual. Y como no podría ser de otra manera, hay que actuar de forma prioritaria, firme y eficaz contra el acoso y la violencia inmobiliaria; protegiendo la población en situación de exclusión residencial.

Ver adjunta la querella.

Fotografía: La Directa