Qué son los DESC

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son expectativas legítimas de individuos y colectivos ligadas a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la alimentación, el medio ambiente o la cultura. Para poder acceder a una vivienda digna y asequible, disfrutar de la atención sanitaria necesaria y de una educación de calidad, disponer de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, vivir en un medio ambiente saludable, etc., constituyen condiciones materiales básicas de todas las personas para poder vivir dignamente, desarrollar libremente su personalidad y participar en asuntos públicos. Sin embargo, aunque es cierto que la satisfacción de los derechos sociales interesa a todas las personas, son los que se hallan en situación de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del género y/o del origen étnico o nacional, los principales interesados en reivindicar la protección de los DESC.

El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Ejemplo paradigmático de la interdependencia entre los diferentes derechos humanos, garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida.

El derecho al agua significa la posibilidad de que todas las personas puedan acceder tanto física como económicamente al agua potable en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades personales y domésticas. El acceso al agua potable es fundamental tanto para la supervivencia de pueblos y personas, como para disfrutar de determinadas prácticas culturales o para asegurar la higiene ambiental.

El derecho a la salud se refiere tanto a la ausencia de enfermedades como al derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental y social. Así pues, el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano, sino como la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel posible de salud.

Observació general Nº 11
Plans d’acció per a l’ensenyament primari (art. 14)

L’article 14 del Pacte Internacionals de Drets Econòmics, Socials i Culturals exigeix als Estats Parts que encara no hagin pogut implantar l’educació primària obligatòria i gratuïta, que es comprometin a elaborar i a adoptar un pla, dins d’un termini de dos anys, d’un pla detallat d’acció per l’aplicació progressiva, dins d’un termini raonable fixat al pla, de l’inici de l’educació obligatòria i gratuïta per a tots.
El Comitè, si bé és conscient de que hi ha diversos factors que dificulten el compliment pels Estats Parts de la seva obligació d’elaborar un pla d’acció, subratlla però, que aquestes dificultats no poden eximir als Estats Parts de les seves obligacions.

El derecho a la alimentación adecuada comprende tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, como el hecho de que esos alimentos sean aceptables para una cultura determinada. Al mismo tiempo, incluye el acceso a los alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el disfrute de otros derechos humanos.

El derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de participar libremente en las actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Estos beneficios deben garantizar un nivel de vida adecuado. El derecho al trabajo es el primero de los derechos reconocidos de forma específica en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su artículo 6 establece que el derecho a trabajar comprende: “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”.

El derecho a un medio ambiente adecuado incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene, como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los poderes públicos de velar por una utilización racional de los recursos naturales.