Hay que actuar ya para proteger las inquilinas: el Consejo de Ministros tiene que garantizar el derecho a la vivienda

Hace tiempo que venimos alertando de la burbuja desbocada de precios de los alquileres en Cataluña y en todo el Estado, en especial en las ciudades grandes y medianas y en las áreas metropolitanas. Las subidas especulativas de provocadas por la financiarización de la vivienda, sumadas a las consecuencias del estallido de la burbuja-estafa hipotecaria, nos han llevado a una crisis habitacional grave, que hace tiempo que denunciamos.

De 2013 a 2018, los precios del alquiler han subido vertiginosamente (34'7% en Cataluña y 42% en Barcelona), desconectándose de los ingresos de las personas arrendatarias y provocando un sobreesfuerzo económico, cuando no directamente la imposibilidad de asumir el pago y la amenaza de desahucio o la obligación de cambiar de vivienda (y de entorno). Esto se ha traducido en 253.473 desahucios entre 2013 y 2019 en España, 65.410 en Cataluña y 16.149 en Barcelona. A lo largo del año 2019, el 80,6% del total de los lanzamientos en Barcelona fueron consecuencia del impago de alquiler, sin contar los "desahucios silenciosos: vecinas y vecinos que tienen que abandonar sus viviendas por la subida inalcanzable del precio al acabarse el contrato o sencillamente porque no se permite su renovación.

La epidemia del Covid19 ha dejado ha provocado miles de despidos y ha dejado muchos pequeños negocios autónomos, cooperativas etc. sin ningún tipo de ingresos. Además, algunos contratos de alquiler vencerán mientras dure esta crisis repentina. Es previsible también que, una vez se empiece a superar la crisis sanitaria, se consolide una crisis económica de dimensiones aún desconocidas.

Imaginemos cuáles serán los efectos de todo esto para los hogares de alquiler, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, ​​donde el 25% de los asalariados ya cobraba menos de 1000 euros -el 50% en personas menores de 30 años- es decir, una cantidad que casi implica el 100% de un alquiler medio en el año 2019 (972 euros). Durante 2019 el esfuerzo medio de acceso al alquiler para hogares con ingresos de 2,5 SMI, es decir el porcentaje que representaba el precio medio de alquiler respecto los ingresos de dos personas trabajando, era del 35,7% en Cataluña y del 43,2% en Barcelona ciudad; cuando una de estas dos personas es despedida o no cobra, pagar el alquiler significa quedarse con ningún recurso. 

Al superponerse los efectos gravísimos del coronavirus y los de la situación de crisis habitacional anterior, los riesgos para las inquilinas aumentan de forma alarmante. Durante 2018 en Cataluña había 799.200 hogares en alquiler y en todo el Estado 3.291.300. Muchas de las personas arrendatarias se enfrentarán este mes de abril o el siguiente a forzados impagos de los alquileres, que se traducirán, si no se actúa, en demandas judiciales y en desahucios masivos. 

Después de detener la curva de contagios habrá pues que detener la curva de desahucios: los que han quedado parados por el estado de alarma y los que se sumen si no se toman medidas inmediatas. Según datos publicados en la prensa, el propio Ministerio estima en 400.000 las familias con problemas para pagar el alquiler, y se podría disparar esta cifra hasta 1,5 millones de hogares en los próximos meses.

Poder acceder a una vivienda digna y adecuada es un derecho fundamental, y es además condición necesaria o garantía del resto de derechos humanos básicos. Más aún en una situación de emergencia sanitaria y de salud pública como la actual. Así lo entiende el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, cuando afirma que "la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus" y que los poderes públicos deben proteger los derechos "proporcionando asistencia financiera directa o diferir los pagos de alquiler e hipoteca; promulgando una moratoria sobre los desalojos; introducir medidas de estabilización o reducción de alquileres; y, al menos durante la pandemia, suspender costes y recargos de servicios públicos”.

Por lo tanto es imprescindible que el Consejo de Ministros apruebe medidas inmediatas que permitan suspender el pago de alquileres a corto y medio plazo. Pero no cualquier tipo de medidas: deben ser efectivas y socialmente justas, distinguiendo según el tipo de propietarios para no socializar las pérdidas y asegurando que los grandes propietarios asuman los impagos. En este sentido, no hallamos justificados los créditos avalados por el Estado para las familias más vulnerables cuando los arrendadores son entidades financieras, SOCIMI o fondos buitres, pues ello representaría una nueva transferencia de recursos públicos totalmente injustificada. 

Durante los últimos días están a debate posibles medidas para las arrendatarias. Están trascendiendo algunos datos parciales, como que los arrendadores son sobre todo pequeños propietarios y que los grandes tenedores sólo tienen un 10% de las viviendas. Pedimos que se publiquen estos datos, pues aunque es cierto que una parte importante de los arrendadores son particulares, hay informes oficiales que indican que en grandes ciudades, como por ejemplo en Barcelona, ​​los grandes tenedores dominan el 24,3% del mercado, porcentaje que llega al 40% si incluimos las personas físicas con más de 15 viviendas.

Tampoco sirven las "excusas jurídicas": hay ejemplos legales que imponen obligaciones diferentes según si se trata de grandes o pequeños propietarios: como por ejemplo el Decreto Ley 17/2019 que amplía la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes que amplía la definición de gran tenedor a las personas físicas con más de 15 viviendas, o el Real Decreto Ley 7/2019, que establece contratos de alquiler de 5 o 7 años, según si la propiedad de las viviendas alquiladas es persona física o jurídica.

Los grandes operadores deben asumir las necesarias medidas de urgencia que deben adoptar los poderes públicos y en todo caso, las ayudas públicas deben destinarse a pagar los alquileres impagados a pequeños propietarios, tanto con las inquilinas de viviendas como con las de locales comerciales. Ha llegado la hora de que la banca devuelva el rescate y que las SOCIMI paguen los impuestos que se han ahorrado.

De nuevo ha sido la ciudadanía organizada y los movimientos sociales quién ha reaccionado activando multitud de iniciativas solidarias, junto con la sociedad civil, el tejido social y muchos otros agentes. Desde el Observatorio DESC damos pleno apoyo a plan de choque social y a la huelga de inquilinas. El Gobierno tiene que dar cobertura a las inquilinas afectadas por el Covid19, en este momento y cuando lo superemos. Hay que legislar para dar cobertura a la imposibilidad de pagar los alquileres de la vivienda habitual distinguiendo entre pequeños y grandes propietarios, a la vez que impidiendo la interposición de demandas por impago o extinción de contratos en caso de familias vulnerables, adoptando medidas también para las entidades o iniciativas de la economía social y solidaria, autónomos y pequeño comercio que no pueden hacer frente a los alquileres de sus locales.

Más allá de las respuestas de urgencia, serán necesarias más medidas en clave social, pues no es aceptable ni eficaz una salida de la situación actual socializando las pérdidas, en especial sobre las personas más vulnerables. Tal y como nos recuerdan cada noche a las 20h los aplausos de reconocimiento a la sanidad ya las trabajadoras y sectores que están en la primera línea de respuesta frente a la pandemia, ahora más que nunca, hay que trabajar por la protección de los derechos fundamentales y la vida digna de toda la población.

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