05/23/2013

Entra en vigor una reforma del mercado de alquiler que atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos

El BOE publica hoy la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda. Esta ley supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula "dinamizar el mercado de alquiler", la reforma debilita aún más la posición de los inquilinos, criminaliza los impagos por razones de necesidad y facilita los desahucios exprés

En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago del alquiler son dos caras de una misma moneda: la concepción de la vivienda como una mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarias se añade a de aquellas personas y familias que, en el contexto de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. En ciudades como Barcelona más del 80% de los desalojos están vinculados a dificultades en el pago de alquiler, unos 400 al mes.

La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:

  • Reduce de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilita los incrementos ilimitados de la renta. Cada 3 años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La consecuencia para las unidades familiares es más inseguridad, ya que difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé que arrendador y propietario decidan "libremente" qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.

  • Permite los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos - "registro de sentencias firmes de impago de alquiler" -,   en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler.  El registro vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos, condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis.

La Ley 4/2013 no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios.

La reforma, finalmente, se complementa con la ley 16/2012, “Por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de la finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”. En ella, se establecen privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.

En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, los contratos de alquiler son indefinidos y además existen límites a los precios del mercado privado de alquiler que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el Estado español.

Para "dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de inmobiliarias? y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos.  Las mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.