07/11/2018

[Comunicado] Medidas urgentes en derechos sociales del nuevo gobierno de Pedro Sánchez

Ayer martes el Presidente de Cataluña, Joaquim Torra, y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunieron por primera vez desde que se han formado los nuevos ejecutivos. Son muchos los retos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que deberán afrontar en los próximos meses. Citamos solamente algunos inmediatos, más allá de la necesaria construcción de una agenda de transformación social y económica en profundidad.

El Observatorio DESC instamos al nuevo gobierno de Sánchez a revertir de forma urgente las medidas más drásticas de los gobiernos del Partido Popular en materia de servicios públicos, pobreza laboral y derecho a la vivienda y la energía:

Servicios públicos y pobreza laboral:

1. Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como "ley Montoro", para devolver a los ayuntamientos la autonomía local que permita situar en primer término las necesidades sociales.

2. Levantar las restricciones impuestas a los procesos de municipalización de servicios, tales como la restrictiva tasa de reposición o la imposibilidad de internalizar los trabajadores de la empresa externa para subrogación. Establecer la preeminencia del criterio calidad / precio y garantía de derechos laborales dignas en la libre decisión de los ayuntamientos sobre la forma de prestación de los servicios públicos.

3. Eliminar de la reforma laboral de 2012 la limitación de 12 meses a la ultraactividad de los convenios laborales, que eliminan toda capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores. Antes de la reforma, el convenio laboral vigente se prorrogaba indefinidamente hasta que empresa y trabajadores acordaban un nuevo convenio. La limitación de la ultra actividad del convenio establecida por la reforma laboral del PP hace decaer el convenio un año después de su vencimiento oficial, lo que desprovee los trabajadores de toda medida de presión para alcanzar acuerdos satisfactorios para sus derechos y condiciones laborales.

4. Eliminar de la reforma laboral de 2012 la preeminencia del convenio de empresa por encima del convenio sectorial, sobre todo en relación a las empresas multiservicios, que han demostrado ser una máquina de reducir salarios, precarizar trabajos y aumentar exponencialmente la conocida como " pobreza laboral ": personas con sueldo que viven en situación de pobreza por la extrema precariedad del trabajo. Desde 2012, el boom de las empresas multiservicios ha sustituido el lucrativo negocio que fueron al principio las Empresas de Trabajo Temporal, y han pasado de unos pocos cientos de trabajadores a 65.000 en pocos años. Realizan todo tipo de servicios para otras empresas en régimen de subcontratación, con un convenio propio que habitualmente es el Salario Mínimo o similar, muy por debajo de lo que las mismas trabajadoras realizaban anteriormente en la empresa madre. El caso más paradigmático y conocido es el de las "Kellys", las camareras de piso de la hostelería, el convenio laboral se sitúa el sueldo en 1.200 euros si son contratadas como tales, y en cambio cobran el salario mínimo para el mismo trabajo si son contratadas por una empresa multiservicio. Por lo tanto, hay que obligar a adecuarse al convenio sectorial, no al convenio de empresa, que ha sido la trampa por donde se ha colado una forma más de pobreza laboral.

Derecho a la vivienda y pobreza energética

5. Retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha comportado la suspensión de la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Esta ley, fruto de una iniciativa legislativa popular, detuvo cientos de desahucios durante su vigencia y co-responsabilizaba los grandes tenedores en las soluciones a la exclusión residencial. Reivindicamos esta norma y no la que la sustituyó, la 4/2016, también suspendida parcialmente pero de un alcance más limitado.

6. Construir un marco estable para los inquilinos y arrendatarios: derogar o modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y apostar por contratos más largos, topes de precios de alquiler y límite de los incrementos entre contratos. Así lo recomendaba el Comité DESC de Naciones Unidas en las conclusiones generales de marzo 2018.

7. Derogar la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que criminaliza las ocupaciones y las modificaciones que precariza el alquiler y aceleraban el procedimiento de desahucio. Es imprescindible disponer de una legislación que proteja a los colectivos vulnerables y garantice que los jueces pueden aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en los procedimientos.

8. Acabar con los privilegios de las SOCIMIs, grandes empresas que se dedican al negocio del alquiler, a menudo vinculadas a la banca o en fondos de inversión internacional, pero sin pagar impuestos; y de la llamada Golden VISA que permite la adquisición de la tarjeta de residencia para una compra inmobiliaria de más de 500.000 €.

En relación con el derecho a la protesta, derecho básico para poder reivindicar los DESCA, destacamos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, tanto con respecto a las disposiciones que restringen el derecho a la libertad de expresión y de manifestación como por la legalización de las devoluciones en caliente. Finalmente, celebramos que el Real Decreto 16/2012 que restringía el acceso al derecho a la salud de las personas migrantes se derogue como medida prioritaria.

Imagen: Ara.cat

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