02/21/2018

La ciudadanía organizada se moviliza en contra de la violencia inmobiliaria

Varias entidades y movimientos sociales organizaron hace unos días una rueda de prensa denunciando una nueva actuación de la empresa Desokupa con consecuencias muy graves. Salah y Joly viven junto a su hija de pocos meses en un piso del barrio del Raval, pagando 500€ mensuales de alquiler. Durante varias semanas, según su testimonio, recibieron visitas a la vivienda por parte de los empleados de Desokupa, viviendo amenazas, cortes de electricidad, gritos y golpes en la puerta, y así hasta el 6 de octubre, día en el que tras la visita de nueve hombres de fuerte complexión, Joly sufrió un aborto.

Desde Raval Resistim, el Observatori DESC y la familia se expuso la situación de acoso inmobiliario a que está sometido el barrio y la necesidad de hacer un frente común para conseguir que empresas como Desokupa dejen de actuar .Esta reivindicación cuenta con el apoyo de la PAH Barcelona, el Sindicat de Llogaters i Llogateres, Resistim al Gòtic, AccióRaval, Stop Desokupa, Casal la Galera y Salvem les Drassanes. La ciudad de Barcelona no puede permitir la impunidad de actuaciones como las de Desokupa, que ponen en riesgo la tranquilidad, la integridad y la salud de los ciudadanos. Este tipo de prácticas no solo son una vulneración del derecho a la vivienda (art. 47 CE), sino también del derecho a la vida privada y familiar (art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y a la integridad física y moral (art. 15 CE). El Parlament de Catalunya también lo considera así, cuando en la Llei pel Dret a l’Habitatge (2007) considera el acoso inmobiliario como infracción muy grave (arts. 45 y 123).

Desokupa afirma que todos sus clientes son pequeños propietarios y que su cometido no es expulsar a familias. Sin embargo, casos como el de Salah y Joly nos hablan de métodos en los que se emplearían distintas formas de amenaza y violencia en contra de familias vulnerables. Igualmente, casos como el desahucio de Can Dimoni, que el Observatori DESC ha denunciado en una querella criminal, demostraría la connivencia entre Desokupa y sociedades inmobiliarias y fondos de inversión que especulan con el derecho a la vivienda.

El caso de Joly y Salah ha sido llevado antes los tribunales. En una primera decisión, el juzgado penal ha optado por la absolución de Desokupa por falta de pruebas. Pero el caso sigue vivo: la decisión ha sido apelada ante la Audiencia Provincial de Barcelona demandando la nulidad de la sentencia debido a convincentes razones. La primera de ellas es que se trataría de un caso de coacciones graves, es decir, un delito que deber ser investigadopor medio de una instrucción judicial que nunca tuvo lugar, ya que el juez consideró que se trataba de coacciones leves. Es importante subrayar que la coacción en domicilio, empleando métodos como los descritos, debe entenderse siempre como coacción grave. Por otra parte, no se garantizó el derecho a un intérprete de la principal afectada, Joly, que ante la ausencia de traducción, tuvo que ser asistida por su marido, Salah. Por estas razones, se pide la nulidad de las actuaciones, para dar paso a un juicio con todas las garantías.

En un contexto de vulnerabilidad habitacional generalizada, Barcelona no puede permitir que las prácticas de acoso y violencia se extiendan, impulsadas por propietarios que usan la vivienda como un bien especulativo. Las actuaciones de Desokupaaparecen como expresión de una violencia urbana estructural.

El apoyo mutuo de los vecinos y las alertas en casos de desahucios extrajudiciales han demostrado ser muy eficaces. Desde el Observatori DESC consideramos legítima y necesaria esta respuesta ciudadana y exigimos que la administración pública reaccione y tome decisiones al respecto. Las nuevas formas de violencia inmobiliaria no pueden quedar impunes.

Por estas razones, el Observatori DESC seguirá adelante como acusación popular con la querella presentada contra Desokupa y Norvet SL en el caso de Can Dimoni y continuará al lado de las familias vulnerables objeto del acoso inmobiliario y de la lucha contra la impunidad, como ejemplifica el caso de Joly y Salah.

Fotografía: Diari Ara