05/28/2018

La Audiencia Nacional dicta sentencia por la trama Gürtel y el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ avanza

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves la sentencia por la primera época del caso Gürtel, cuyas condenas suman 351 años de cárcel para 29 de los 37 acusados: 51 años de cárcel para Francisco Correa, 33 años para Luis Bárcenas y 245.000 euros que deberá pagar el Partido Popular como partícipe a título lucrativo. El fallo certifica la contabilidad B en el PP que se nutría de “donaciones finalistas” de empresarios y se usaba para “pagar gastos electorales del PP”. La trama de corrupción se valió de toda clase de delitos –asociación ilícita, fraude de la administración pública, cohecho activo y pasivo, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales y estafa procesal- para llenar las arcas de la caja B.  

Esta sentencia es una de las 6 piezas separadas que derivan de la gigantesca trama Gürtel y, por lo tanto, es tan solo una rama más del grueso del entramado. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya condenó a Correa, Crespo y ‘el Bigotes’ por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Por dilucidarse todavía quedan las demás causas. La Audiencia Nacional tiene que juzgar dos piezas más relativas a los contratos de televisión con motivo de la visita del Papa en 2006 y las  contrataciones de la Generalitat con las empresas de la Gürtel. Además, faltan por juzgar las piezas de Boadilla del Monte y las relaciones de la trama con AENA. Por último, queda por dilucidarse el caso del borrado por parte del PP de los discos duros  y el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ en los que el Observatorio DESC participa como acusación popular.

En el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, Isabel Elbal y Gonzalo Boyer representan al Observatorio DESC en este procedimiento que va a juzgar a Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y al arquitecto que hizo la obra de la sede del PP por pagos en negro a éste para reformar el edificio de la calle Génova. Las dilaciones del proceso se deben a las 3 recusaciones que desde la acusación popular hemos planteado ante la falta de imparcialidad de los jueces de la Audiencia Nacional. Dos de ellas fueron resueltas favorablemente y los jueces Enrique López y Concepción Espejel fueron apartados del caso. Ahora, estamos a la espera de que ocurra lo mismo en relación a uno de los nuevos jueces designados para el procedimiento.

En cuanto al caso de los ‘del borrado de los discos duros’, la Audiencia provincial de Madrid confirmó la decisión de la juez Freire de procesar al Partido Popular. En el auto de apertura del juicio oral del 3 de noviembre de 2017, entendía que los indicios existentes vinculaban al PP como persona jurídica en la destrucción en 2013 de los discos duros de los ordenadores en los que el extesorero guardaba información relativa a la contabilidad B del PP. Tras el auto, la Fiscalía ha solicitado aplicar la doctrina Botín y el archivo de la causa al entender que no existe interés general en la causa y Bárcenas abandonó la acusación particular. En contra, desde el Observatorio DESC hemos solicitado que el PP se siente en el banquillo como responsable penal de los delitos de daños informáticos y encubrimiento.  El proceso se encuentra en la fase intermedia y será la primera vez que una formación política se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. De acabar en condena, se añadiría a la participación a titulo lucrativo impuesta en la otra pieza separada por la Audiencia Nacional y demostraría que la corrupción en el PP no son casos aislados, sino un auténtico mecanismo instaurado en el seno del partido.

Desde el Observatorio DESC valoramos muy positivamente la sentencia de la Audiencia Nacional ya que demuestra que, a pesar del esfuerzo y el tiempo, los tribunales están dispuestos a condenar al partido en el poder cuando se prueban sus actividades ilícitas. Los casos de corrupción son un claro déficit democrático y abuso de poder, que afecta asimismo el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.