04/24/2018

Alerta: enésima reforma legal regresiva en el Congreso que precariza el derecho a la vivienda

La tramitación de la proposición de ley sobre la ocupación ilegal de viviendas, impulsada por el PDECat, concluye hoy con la votación en la comisión de Justícia del Congreso de los Diputados

La proposición de ley que se pretende aprobar hoy el Congreso, a través de la Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, es un claro retroceso en materia procesal y de derechos de las personas vulnerables. Bajo el pretexto inicial de hacer frente a los “fenómenos mafiosos” y de “okupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa”, el texto legislativo supone en realidad un aumento de las dificultades habitacionales de la población y mayor desprotección frente al riesgo de exclusión residencial.

Hace un año, organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales como Irídia y el Observatori DESC (ver comunicado) o la propia la PAH (ver comunicado) denunciamos la peligrosa deriva que podía significar la aprobación de esta proposición de ley en materia de garantías y derechos, y es que “en lugar de poner el foco en la actuación contra las mafias, se acabaría perjudicando las víctimas de estas, agravando su situación de exclusión residencial”.

La exposición de motivos no cita ninguna cifra que permita evaluar la situación y justificar esta modificación legislativa. Es más presenta como hechos desconectados los desahucios respecto el estado de necesidad habitacional que lleva a muchas familias a acceder a viviendas a través de su ocupación. Los pocos datos existentes demuestran que la mayoría de ocupaciones se concentran en viviendas de grandes propietarios, principalmente entidades financieras y fondos buitres, y además se trata de personas provienen de otros desahucios de hipotecas o de alquiler sin que la administración garantice ningún tipo de realojo (ver Informe, abril 2018).

La Ley que se vota hoy en el Congreso, lejos de ir a la raíz del problema terminará por desproteger las personas que han accedido de forma precaria a la vivienda. La nueva norma daría luz verde a los desahucios sin celebración de juicio, otorgando cinco días para oponerse y sin recurso ante el auto que dicte el desalojo. En caso de llegar a juicio, el único motivo de oposición se restringe a la posesión del título, extremo que impide al juez emitir un juicio de razonabilidad o proporcionalidad sobre la situación como la presencia de menores. Por supuesto, no se propone ninguna medida para desincentivar la existencia de las llamadas “mafias” que se citan en la exposición de motivos.

Naciones Unidas se ha dirigido en dos ocasiones al estado español denunciando la vulneración del derecho a la vivienda que supone el actual procedimiento de desahucio (ver comunicado de la PAH y del Observatorio DESC), e incluso ha paralizado mediante medidas cautelares desahucios por ocupación por ser contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. Contrariamente a las directrices de la ONU, esta ley supone una absoluta desprotección de las personas que están ocupando, sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad. Si bien es cierto que se introduce la obligatoriedad de comunicar a los servicios sociales la situación de desamparo que produzca la pérdida del hogar, protocolos similares existen en varias comunidades autónomas desde hace años sin suponer ningún tipo de garantía práctica en la mayoría de casos. No se incorpora la necesidad de no desahuciar familias vulnerables hasta que se garantice un realojo por parte de las administraciones.

Una alerta de última hora: ¿quiénes son “entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social”, que tan sólo aparecen en la última versión del texto? ¿Las entidades financieras? De ser así, la ya de por sí débil justificación de la Ley quedaría absolutamente desvirtuada por un enésimo favor a la banca facilitando los desalojos de sus viviendas vacías.

La razón por la cual las familias sin alternativa acceden viviendas vacías para no quedarse en la calle, es la falta de actuación clamorosa de los poderes públicos y la actuación antisocial de los grandes operadores privados que no han cesado en su impulso de desahuciar a miles de familias de sus viviendas. Si de verdad se quiere que nadie tenga que acceder o acceda a las viviendas vacías la única solución real, efectiva y responsable en materia de derechos es detener los desahucios de vivienda habitual (270 al día sin contar los de ocupación y los de alquiler por fin de contrato o subida de precios), activar la función social de la vivienda vacía (3’5 millones), consiguiendo que los grandes propietarios pongan la vivienda en alquiler social e incentivando a los pequeños propietarios para que alquilen o rehabiliten sus viviendas en desuso, aumentando el parque de vivienda social (1’5 %).

Esta propuesta de Ley inició su andadura por medio del apoyo de PP, Cs, PdeCat, Coalición Canaria y UPN: con el presente comunicado queremos alertar a los todos los grupos parlamentarios de los efectos que tendrá su posición en relación a esta posible reforma, a la vez que compartimos con toda la población información sobre las reformas legales que afectan al derecho a la vivienda.