02/06/2018

4º aniversario de Tarajal: la justicia que no llega

Febrero de 2018: se encuentran veinte cadáveres a pocas millas de la costa de Melilla. Febrero de 2014: quince jóvenes mueren en la playa de El Tarajal (Ceuta) tras la actuación de la Guardia Civil que trataba de impedir su llegada. El Mediterráneo como fosa común, España, y Europa, como brutal dispositivo disuasorio, a través de vallas, devoluciones en caliente, violencia policial, centros de internamiento y expulsiones forzosas.

Han transcurrido cuatro años desde aquel 6 de febrero que nos mostró, gracias a la captación de imágenes que lo demuestran con total claridad, hasta qué punto el Estado es capaz de subordinar la defensa de los derechos, y de la vida misma, a su propia razón, dramáticamente expresada a través del contorno de sus fronteras.

Son cuatro años de indignación pero también de trabajo de numerosas personas y entidades determinadas a reivindicar la memoria de los jóvenes muertos, el derecho de sus familias a la reparación, y la exigencia de responsabilidades, políticas y de orden penal. La lucha contra la impunidad se alza como respuesta imprescindible en las zonas de No-Derecho en que se han convertido las fronteras, tantos exteriores como internas (centros de detención e internamiento, redadas policiales de perfil étnico, etc.). En esa lucha han estado y siguen estando organizaciones como Ca-minando Fronteras, CEAR, la Coordinadora de Barrios o el Observatori DESC.

En el proceso judicial en marcha, se acaba de dictar, por segunda vez en poco más de dos años, auto de sobreseimiento provisional, bajo la justificación de que la investigación realizada no puede seguir prosperando y que no existen indicios suficientes de criminalidad para ninguno de los dieciséis guardias civiles investigados por omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones a consecuencia del uso de material antidisturbios. La primera vez que la jueza responsable intentó cerrar la causa, atribuyó la responsabilidad de su muerte a los propios jóvenes y señaló que “Los agentes de la Guardia Civil actuaron en el ejercicio de su función de custodia y vigilancia de la frontera; función que exige impedir la entrada ilegal de personas en el territorio nacional”.

Como ya sucedió con el primer intento de archivo de la causa, el Observatori DESC volverá a recurrir para conseguir que la Audiencia Provincial de Ceuta obligue a proseguir con la instrucción para esclarecer las responsabilidades y determinar sanciones que ayuden a desmontar la impunidad, por utilizar el término del documental con el que el mismo Observatori DESC y Metromuster mostraron la gravedad de lo ocurrido.

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por las llamadas “devoluciones en caliente”, una práctica ilegal (pese al intento del Partido Popular de validarla por medio de la Ley Mordaza) porque impide la defensa de derechos esenciales como poder acceder al procedimiento administrativo o judicial o poder solicitar asilo. En el recurso del gobierno español ante la sentencia, se afirma que se trata de un caso sobre “el derecho del Estado a protegerse de violentos intentos de traspasar la única frontera de un Estado miembro con África por parte de personas que no quisieron pedir el asilo o refugio que ofrecían las autoridades españolas”. Se reitera que fue un “violento ataque ilegal contra la valla de frontera española”.

Frente a la violencia y la impunidad, frente a la razón de Estado como fin en sí mismo, la respuesta colectiva, ciudadana, emerge como garantía última de los derechos, y de la vida misma. La excepcionalidad de la frontera es preámbulo de la excepcionalidad como regla, y es epílogo de la democracia como acuerdo colectivo de convivencia.