Las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas Leilani Farha para garantizar el derecho a la vivienda durante la pandemia COVID-19

La Relatora especial de las Naciones Unidas por el derecho a una vivienda digna, Leilani Farha, ha hecho públicos unas recomendaciones para que los estados garanticen el derecho a la vivienda en la actual crisis covid-19. Los documentos, publicados en la web de la Relatora, incluyen un listado de las políticas que pueden implementar los estados para garantizar que no existan vulneraciones del derecho a la vivienda. En su comunicado la Relatora tras reafirma que el derecho a la vivienda ahora más que nunca “se encuentra en la primera línea de defensa para conseguir el aplanamiento de la curva de la enfermedad”.

No es la primera vez que Farha se ha posicionado al lado de aquellos más vulnerables en medio de la crisis generada por el coronavirus. El 18 de marzo la relatora publicaba un comunicado donde mostraba su preocupación para garantizar que no hubiese personas viviendo en la calle en medio de esta crisis, y la importancia de garantizar el derecho a la vivienda para todas.

Los documentos que publica ahora Leilani Farha incluyen un resumen de las políticas y medidas que deberían tomar los estados en la crisis del covid-19 para proteger a las personas en el pago de alquiler e hipotecas, a las personas que viven en asentamientos informales y a las personas sin hogar.

Protección de las personas en el pago del alquiler e hipotecas 

Los Estados deben adoptar de inmediato las siguientes medidas específicas para garantizar que todos los inquilinos y propietarios puedan "quedarse en casa" con éxito, ayudar a aplanar la curva de la pandemia y salir del conjunto de la crisis”

Leilani Farha plantea como primera medida prohibir los desahucios y la amenaza de que ocurran (notificaciones o cualquier otra información relacionada). La congelación inmediata de los alquileres es otra de las medidas propuestas como esenciales, estableciendo por parte del estado la prohibición de cualquier aumento en el coste del alquiler durante la pandemia y por un periodo razonable a posteriori.

La Relatora afirma que “los Estados deben garantizar la asequibilidad de la vivienda para las inquilinas cuyos ingresos disminuyan como resultado del COVID19”. A este respecto, mientras dure la pandemia y durante un período razonable a partir de entonces, los Estados deben legislar un nuevo cálculo obligatorio del alquiler por parte de los proveedores de vivienda que limite la obligación de alquiler de los inquilinos al 30% de sus ingresos mensuales, incluidas las prestaciones sociales que reciban.

Otras medidas propuestas son:

  1. Plan de compensación gubernamental para los propietarios de viviendas a fin de compensar la diferencia entre las tasas máximas de alquiler de la pandemia y las tasas de alquiler que estaban vigentes antes de la pandemia
  2. La adaptación de políticas con respecto a los pagos de hipotecas para las poblaciones que sufren dificultades financieras durante la pandemia. Como mínimo, según la Relatora es imperativo que los Estados garanticen que los bancos y otros prestamistas renegocien los pagos de las hipotecas con los afectados por COVID19 , de modo que no se dedique más del 30% de los ingresos de los hogares al servicio de la deuda durante la pandemia y durante un tiempo razonable después de ella.
  3. Se deben establecer políticas que proporcionen la condonación de alquileres e hipotecas a los hogares particularmente vulnerables cuya situación se vea empeorada por COVID19, al menos durante la duración de la pandemia y un tiempo razonable después.
  4. Ningún inquilino o propietario debería acumular una deuda insostenible como resultado de cualquiera de las medidas propuestas en las presentes orientaciones.
  5. Por último, La relatora de Naciones Unidas establece que  los Estados deben establecer un órgano de supervisión para garantizar que esas medidas se apliquen de manera compatible con los derechos humanos.

Recomendaciones para garantizar los derechos de las personas que viven en asentamientos informales 

Al menos 1.000 millones de personas viven en asentamientos/campamentos informales, incluida una cuarta parte de la población urbana mundial. Las condiciones en los asentamientos informales son “inadecuadas” en el mejor de los casos. Muchos residentes viven sin acceso a agua o saneamiento in situ, están hacinados y se enfrentan a la constante amenaza de desalojo forzoso. Lavarse las manos, desinfectar las superficies, distanciarse físicamente y poner en cuarentena a los infectados -elementos esenciales en la prevención de COVID19 - son a menudo imposibles.”

Leilani Farha establece que, a no ser que los gobiernos tomen medidas serias para asistir a las comunidades que viven en asentamientos informales, “los riesgos de la pandemia permanecerán tanto dentro como fuera de estos asentamientos. La Relatora establece que es necesario  priorizar el equipamiento para gestionar la pandemia en estas poblaciones, a través de:

  • Establecimiento de lugares seguros de cuarentena;
  • Asegurar que todos los residentes de los asentamientos/campamentos informales tengan acceso a un suministro adecuado;
  • Proporcionar a los residentes asistencia para establecer o fortalecer las estructuras comunitarias locales,
  • Elaborar planes de emergencia para ayudar a los residentes de asentamientos informales/campamentos durante la pandemia junto con los líderes comunitarios y los residentes y asegurarse de que estos planes estén bien comunicados.

Además Leilani Farha remarca la importancia de asegurar que los residentes de los asentamientos informales/campamentos tengan acceso no discriminatorio a los servicios de salud públicos y privados cercanos a sus comunidades y asegurar que las pruebas de COVID- 19 sean gratuitas, pero también acceso a la información.

La condonación de deudas para aliviar las dificultades financieras posteriores a la pandemia y las medidas relativas a la economía informal de la que dependen muchos de los habitantes de asentamientos informales también quedan recogidas entre las recomendaciones.

Garantizar el derecho a la salud de las personas sin hogar en medio de la pandemia

Las políticas de #QuédateEnCasa “ se basan en el supuesto de que todas las personas tienen un hogar con servicios sanitarios adecuados. Para los 800 millones de personas que viven sin hogar en todo el mundo, este no es el caso. Además, esta población de alto riesgo médico se enfrenta a problemas de salud desproporcionados y a altas tasas de enfermedades respiratorias, lo que aumenta su susceptibilidad a las enfermedades, incluido el nuevo virus.”

Leilani Farha evidencia la necesidad de habilitar hogares para las personas sin hogar por parte de los Estados. La relatora añade que esos alojamientos de emergencia permitan el distanciamiento físico, la cuarentena y cualquier otra recomendación de salud de la OMS, tales como la provisión de tests de Covid.

La Relatora agrega la importancia de que tampoco mujeres y niños y niñas víctimas de violencia queden en la calle, garantizado un hogar por parte de las instituciones.

Por último, Leilani recomienda que cuando sea factible y apropiado, los gobiernos deberían adquirir las unidades de vivienda disponibles a corto y largo plazo para asegurar que las poblaciones sin hogar sean alojadas durante y después de la pandemia y como medio de aumentar vivienda pública.

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